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El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, se deslindó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y argumentó que él no tenía a su cargo a la Policía Municipal la noche del 26 de septiembre del año pasado.
A través de su abogado Luis Argüelles, Abarca hizo llegar a diputados una copia del convenio firmado por las autoridades municipales que autorizan el Mando Único, así como el acta de cabildo en el que facultan al presidente municipal para suscribir este acuerdo con el estado para la coordinación de acciones de esta instancia, en el cual establece que el estado de Guerrero, que entonces encabezaba Ángel Aguirre, era el responsable.
El convenio fue firmado el 13 de junio de 2014 y detalla que los elementos policiales se integrarán al cuerpo estatal de seguridad ciudadana con Mando Único. “Las partes acuerdan que se integrarán al Cuerpo Estatal de Seguridad Ciudadana con Mando Único, todos los elementos que conforman los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de el Ayuntamiento, incluyendo el personal de dirección, coordinación, operación y apoyo administrativo con que cuenta actualmente, respetando perfil del puesto y la naturaleza de la función”.
Incluso, el documento en poder de EL UNIVERSAL contiene la firma de José Luis Abarca; Mario Castrejón, síndico procurador y Mauro Valdez, encargado de la Contraloría Municipal del ayuntamiento.
“Su defensa hace llegar a la comisión, como parte de los argumentos de su defensa, que él no tomó la decisión [de la desaparición] y no tenía el mando de la fuerza pública municipal, toda vez que según refiere el abogado, había un convenio de Mando Único con el gobierno del estado, el cual estaba firmado y estaba incluso aprobado por el municipio”, comentó la presidenta de la Comisión de Ayotzinapa, Guadalupe Murguía (PAN).
En entrevista con EL UNIVERSAL, la panista dijo que en los documentos también se establece que el convenio del Mando Único se haría efectivo al momento de la publicación de éste en el periódico oficial del gobierno del estado.
Sin embargo, “esa publicación no la hemos podido identificar, aun cuando dice el abogado que se celebró en una determinada fecha, pues no hay periódico de ese día. Pudiera significar, si así es, que el procedimiento no se concluyó”.
Murguía recordó que hace unos días el titular de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, les confió que pese a la firma de este convenio para establecer el Mando Único, en las autoridades municipales y en los propios mandos policiales había mucha resistencia para implementar la corporación.
“Lo que nos dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero es que él conoció y supo que había resistencias del gobierno municipal de Iguala para implementar la operación del Mando Único, la firma se dio y también el acuerdo de cabildo, pero había resistencias del municipio y de los mandos de seguridad”, comentó la legisladora.
Al consultarle cuál es la interpretación que le dan a dichos documentos enviados a este órgano legislativo, respondió que ahora sigue una evaluación de todos los elementos que tienen.
La diputada Guadalupe Murguía dijo que ya se hizo la solicitud a la Secretaría de Gobernación para poder entrevistarse con el propio Abarca en la cárcel; sin embargo, aún no han recibido respuesta.
Los integrantes de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa se reúnen hoy con los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, y de la División de Gendarmería Nacional, Manelich Castilla Craviotto.
La legisladora panista destacó que también programarán una visita a Chilpancingo, Guerrero, donde podrían establecer contacto con el director y el ex director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, para conocer lo que ha sucedido con el centro educativo tras los hechos de Iguala.
Respecto a lo anterior, la perredista Cristina Gaytán se quejó de que no hay disposición del gobierno federal para apoyar los trabajos de este órgano legislativo.
