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Por la fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad de El Altiplano, ocurrida el pasado 11 de julio, el entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, rindió su declaración ante el Agente del Ministerio Público de la Federación.
Al ser cuestionada sobre la responsabilidad que podrían tener algunos funcionarios de más nivel que Celina Oseguera, Coordinadora de los Centros Federales de Readaptación Social, la titular de la PGR sostuvo que se revisaron todos los protocolos de actuación para saber hasta qué nivel de los servidores públicos hubo participación en la evasión de Guzmán Loera.
En ese sentido, Arely Gómez indicó que se llegó hasta el nivel de responsabilidades, por parte de los funcionarios, hasta donde se tuvo que llegar y que de Monte Alejandro Rubido, recibieron toda su colaboración.
“Se ha consignado a quien se ha tenido que consignar; como Ministerio Público se debe atender a las pruebas pero no a conjeturas”, respondió la titular de la PGR a los diputados.
Cabe recordar que además de Celina Oseguera, los consignados son Valentín Cárdenas Lerma, entonces director del Penal, dos agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que eran los que tenían acceso a los monitores en los que sí podían escuchar lo que sucedía en la celda 20 del área de tratamientos especiales del Altiplano.
“No toleraré ningún acto de corrupción y aplicaré la ley con toda firmeza no importando el partido, el color del partido que sea. La Procuraduría General de la República trabaja de una manera imparcial y apegada a derecho”, dijo.
Al ser cuestionada en temas como la corrupción, Gómez González anunció que cuentan con diez órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de la institución que encabeza por falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, así como el delito contra la administración de justicia.
En cuanto al programa de recompensas, la funcionaria federal reconoció que no han tenido los resultados que esperaban, ya que muchas de las llamadas para proporcionar información, no tienen la seriedad necesaria.
Explicó que en el caso de Joaquín Guzmán Loera, por quien ofrecen una recompensa de 60 millones de pesos, “hemos recibido alrededor de 70, 80 llamadas dando datos, que muchas veces no tienen la seriedad necesaria”.
Informó que la PGR tiene 170 acuerdos de recompensa emitidos por el Comité Evaluador, y que en lo que va del año 2015 no se ha realizado ningún pago por recompensas.
