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La persecución de Joaquín Guzmán Loera ha causado la violación de derechos humanos de habitantes de comunidades del Triángulo Dorado, donde Ejército, Armada y Fuerza Aérea llevan a cabo operativos para la detención del prófugo de la justicia acusó el senador panista Salvador López Brito.
Urgió que las fuerzas armadas respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y violaciones a las garantías individuales. Al respecto, dijo que en México más de 281 mil 400 personas sufren la condición de desplazados, a causa de la violencia ligada al tráfico de droga.
“La alarmante situación de inseguridad y las consecuencias del combate al crimen organizado, por parte de las fuerzas armadas obligan a estar muy pendientes de que los derechos humanos de las personas inocentes sean respetados por cualquier autoridad”, dijo el legislador.
El Triángulo Dorado donde actúan las fuerzas armadas comprende territorios de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Las primeras acciones en la persecución contra el narcotraficante prófugo se registraron hace unas semanas en la comunidad de El Verano, Tamazula, Durango, donde la población resintió disparos desde un helicóptero, refirió López Brito.
También se registró presencia militar en las comunidades de La Lagunita, El Limón, La Higuera, La Piedrosa, La Sierrita, La Tableta, El Sauz Viejo, Río de las Barras, La Calera, entre otras comunidades. Debido a las operaciones militares, la gente se desplazó a Cosalá, Sinaloa, donde el alcalde Samuel Lizárraga Valverde, reportó la recepción de 250 personas llegadas de esas localidades de la sierra.
Unos 50 niños reciben atención médica y sicológica, debido a crisis nerviosas por haber vivido situaciones de peligro.
Dijo el panista que se requiere que las autoridades federales y estatales establezcan una coordinación a fin de aplicar apoyos a los desplazados, incluso proyectos productivos para que sorteen el tiempo de su permanencia fuera de sus comunidades, para que puedan obtener ingresos para su manutención.