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A partir de trabajos de inteligencia, la Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló el círculo cercano a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que lo ayudó en la logística al exterior del penal de El Altiplano para su fuga ocurrida el pasado 11 de julio.
En conferencia de prensa, la procuradora Arely Gómez González —al dar a conocer la detención y consignación de seis hombres claves en la estructura de la organización que fraguaron el plan de fuga— afirmó que existen otras líneas abiertas a fin de ubicar a todas las personas que participaron en la evasión del líder del Cártel de Sinaloa.
Ante los resultados de la investigación, que derivó hasta ahora en la detención de 28 personas, seis más prófugas contra las que existe orden de captura y tres más sujetas al arraigo, la funcionaria federal afirmó: “Guzmán logró escapar de la prisión, pero ni él ni quienes lo ayudaron, escaparán de la justicia”.
Explicó que hay avances significativos y se plantean nuevas líneas de investigación por la evasión del capo.
Los peones. Las pesquisas, informó la procuradora federal, permitieron ubicar a seis personas que planearon, organizaron y materializaron la evasión del líder del Cártel de Sinaloa, entre ellos su abogado, un cuñado y sus pilotos de confianza.
Gómez González detalló que el Ministerio Público de la Federación logró establecer que en la planeación de la fuga, al amparo de la coordinación de la defensa legal de Guzmán Loera, el abogado fue el principal operador y organizador de la evasión.
Era el enlace entre el capo y el grupo que planeaba su fuga, además de ser quien realizaba los pagos y le informaba a su cliente de los avances de la construcción del túnel.
Informó que Guzmán Loera contó con dos pilotos para su traslado de San Juan del Río, Querétaro, a Sinaloa, en donde se presume que está refugiado. El piloto consignado es Héctor Takashima Valenzuela, quien es identificado como el piloto de confianza del capo.
Otro integrante de su círculo cercano y quien fue detenido es el coordinador de la construcción de túneles para el Cártel de Sinaloa en la frontera con Estados Unidos, quien dirigió la edificación del conducto que utilizó El Chapo el 11 de julio pasado, y que conectaba con el área de regaderas de su celda.
Guzmán Loera fue ayudado por uno de sus amigos quien estuvo preso en el Penal de Puente Grande Jalisco en la década de los 90, fue ahí que conoció al líder del Cártel de Sinaloa.
Su relación continuó a lo largo de los años y para su fuga fue a quien se le encomendó la coordinación de las negociaciones para la compra del predio para iniciar con la construcción del túnel.
El cuñado de Joaquín Guzmán Loera también fue consignado, ya que fue el encargado de la organización y supervisión de la construcción del túnel; otra de sus encomiendas fue que al momento de la evasión organizaría vía terrestre y aérea el traslado de Querétaro hasta Sinaloa.
La titular de la PGR informó que el dueño del predio (Calixto Estrada) es otro de los detenidos, ya que violó diversas disposiciones legales y simuló, con pleno conocimiento, la venta del terreno, por el que recibió un pago de millón y medio de pesos.
De acuerdo con la declaración que Calixto Estrada presentó por escrito ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), un sujeto que se identificó como Juan se acercó con él para decirle que otra persona de nombre Francisco Ramírez León estaba interesado en comprar su terreno.
Entre abril y mayo de 2014 (tres meses después de la captura de El Chapo Guzmán) la venta se realizó por 1.5 millones de pesos, y de inmediato se inició la planeación de la fuga.
“Esta Procuraduría, de manera enfática, señala que la investigación seguirá su curso, hasta que sean detenidas y consignadas todas aquellas personas que en estricto apego a las constancias legales y con total respeto a los derechos humanos se acredite su participación”, sostuvo Arely Gómez, quien reiteró que “ni él ni quienes lo ayudaron escaparán de la justicia”.
La investigación. En la conferencia de prensa, la procuradora general informó que hasta el momento en la investigación para capturar a El Chapo, entre las diligencias se han tomado 273 declaraciones ministeriales, se efectuaron 64 inspecciones y 13 cateos, además del aseguramiento de cinco inmuebles entre los que se encuentran el predio dónde se construyó el túnel y la pista La Palma, ubicada en Sinaloa.
El Ministerio Público de la Federación también decretó la incautación de 182 equipos de cómputo; 10 avionetas; dos fuselajes; dos motores de aeronaves; ocho armas de fuego; 34 teléfonos celulares; cinco vehículos: tres motocicletas; mil 263 kilogramos de mariguana; así como 148.7 gramos de clorhidrato de cocaína.
La titular de la PGR explicó que hasta el momento hay 34 personas consignadas, 28 órdenes de aprehensión cumplidas y otras seis pendientes de ejecutarse, además de que tres personas están arraigadas.
“Todas las acciones logradas al día de hoy por la Procuraduría General de la República son el resultado de la gran coordinación que existe entre todas las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Nacional. Seguiremos trabajando de manera conjunta, hasta lograr su recaptura”, agregó.
El caso de la fuga de El Chapo está lejos de concluir. En su mensaje, Gómez González expuso que la PGR “está poniendo especial énfasis en el caso que hoy nos convoca, sigue realizando diversas operaciones con el apoyo de las fuerzas del orden público y de seguridad nacional, para cumplir con dicho objetivo, por lo que se continúa solicitando y obteniendo nuevos mandamientos judiciales”.
La funcionaria indicó que “los cateos que se efectúan a distintos objetivos tienen la finalidad de detener a otros probables responsables y asegurar bienes, instrumentos, objetos o productos de actividades ilícitas”.
