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La obtención de información de las líneas telefónicas de los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, así como la extracción de datos de otros teléfonos móviles de los implicados en la investigación destacan en la averiguación previa del caso Iguala, publicado por la Procuraduría General de la República (PGR) en una versión web en su página oficial.
Al hacer una primera revisión de ese documento público, con el que la PGR abre la investigación a la revisión ciudadana, EL UNIVERSAL identificó que uno de los dispositivos investigados, “que pudieran ser relevantes por referir números telefónicos y situaciones relevantes” (sic), contiene 61 llamadas, 4 mil 630 mensajes, 11 audios, 40 videos, 21 mil 893 imágenes y 568 “charlas”, para conocer lo ocurrido la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En ese anexo que describe la constancia ministerial OICP-439/2014-IV, se da a conocer un mapa de la red de llamadas de un Iphone 5 blanco con número IMEI 013845000835614, considerado por las autoridades como “relevante” en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
El informe incluye en total 85 tomos de la investigación, además de 20 anexos del expediente, donde destaca la documentación oficial y desglose de la actividad de los teléfonos celulares de los jóvenes desaparecidos e implicados, con información que data desde principios del mes de septiembre de 2014 y continua en los siguientes dos meses en algunos casos.
La mayor parte de los anexos están integrados por comunicaciones oficiales y peticiones a los proveedores de servicios de telefonía, especialmente Telcel y Movistar, sobre la actividad de las líneas, así como las antenas de uso, además de la extracción que la misma PGR realizó de los dispositivos.
De esta forma se desglosa por cada dispositivo la información de tráfico de mensajes de dos vías, de voz entrantes y salientes, así como uso de internet con registro de datos como mensajes vía Whatsapp, omitiendo sólo datos que aún están reservados, entre ellos, el número del dispositivo en el que se realizó la búsqueda.
Sin embargo, en el anexo VI se informa que de ese dispositivo, en el que se identificaron esas 568 conversaciones, a las que ubican bajo la denominación de “charlas”, se exhibieron oficialmente sólo los registros que pueden ser trascendentes para la investigación por tener números telefónicos y otros datos.
En la página 22 del anexo VI, el único número que no fue tachado o reservada la información corresponde al 5217474995901@s.whatsapp.net de LMA y el 5215538926936@s.whatsapp.net de Toño Medicus, una conversación saliente con fecha 1 de octubre de 2014 a las 17:53 horas, el resto de la información es confidencial.
Por ser copias del expediente original, gran parte de los documentos que integran la averiguación previa en su versión pública son ilegibles o están cubiertos, especialmente en las tablas en donde se exhibe información relacionada con extracción de comunicaciones o datos de dispositivos móviles y también fotografías.
En un comunicado, la dependencia anunció ayer que la versión pública del expediente está integrada por alrededor de 54 mil fojas, divididas en 85 tomos y 13 anexos, en tanto que su elaboración implicó más de siete meses y participaron alrededor de 100 servidores públicos.
Al respecto, detalló que el testado de la información clasificada fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.
La PGR destacó que la totalidad de la versión pública está disponible para descarga en formato PDF, en caso de que se requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, cualquier persona lo puede hacer a través de una solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX.
La dependencia destacó que la difusión de la versión publica del expediente se da en cumplimiento al compromiso de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, durante su comparecencia en el Senado, con el propósito de garantizar de la mejor manera el derecho ciudadano al acceso a información.
