Más Información
Embajada de EU en México continúa capacitaciones a INM en migración; estamos orgullosos de apoyar, dice
De la Fuente alerta por tráfico ilícito de bienes culturales; Gobierno recupera 220 piezas arqueológicas
Reforma “ternurita”: Imjuve lanza campaña para promover elección judicial; “ellos nos salvarán del neoliberalismo”
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el éxito del nuevo sistema de justicia penal, además del cambio de leyes, exige de manera fundamental modificar la mentalidad y las prácticas de quien lo aplica.
Advirtió que no debe haber pretextos para su aplicación en toda la República Mexicana para el 18 de junio de 2016, fecha límite para el inicio de su implementación constitucional.
“Más que señalar a las entidades rezagadas, estamos trabajando con ellas porque no puede estar una de las 32 entidades sin el nuevo sistema. Si no armonizamos para dentro de 12 meses en todo el país, habrá dificultades que las pagarán los ciudadanos, no lo vamos a permitir desde el gobierno de la República”, señaló.
En su discurso en el Encuentro Internacional sobre la Reforma al Sistema de Justicia Penal: Experiencias Comparadas, que se celebra justo a un año de que concluya el plazo establecido en la Constitución para la implementación del nuevo sistema en todo el país, ejemplificó que en las entidades donde ya funciona este esquema, la duración promedio del proceso penal se redujo de 180 días a sólo 34.
“Antes de la implementación del nuevo modelo una persona tenía que esperar prácticamente medio año para conocer el resultado del proceso, hoy es cuestión de semanas”, indicó.
Consideró por ello que México vive un momento decisivo para arribar a una justicia eficaz transparente y al alcance de todos con la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
“Se trata de lograr una justicia donde la ley se cumpla sin dilaciones y sin pretextos, se trata de dejar atrás los procesos burocráticos que generan desconfianza, lentitud e incertidumbre”, subrayó.
El secretario, quien estuvo acompañado por el canciller José Antonio Meade, explicó que el reto ha implicado la modificación de 500 leyes locales.