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El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte tiene una cuenta pendiente con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la cual lo acusa de obstaculizar las labores de funcionarios electorales.
Fuentes federales explicaron que por esta acusación fue librada una orden de aprehensión, misma que no pudo ser incluida en la solicitud de extradición emitida por la Procuraduría General de la República al gobierno de Guatemala, porque este delito no existe en dicho país.
Resaltaron que no fue tomada en cuenta para el proceso de extradición; sin embargo, indicaron que la fiscalía continúa trabajando para encontrar una vía jurídica que permita la ejecución de esa orden de captura.
La orden de aprehensión fue librada el 8 de marzo de 2017 por presuntamente haber obstaculizado las labores públicas de los funcionarios electorales del Organismo Público local Electoral de Veracruz, al negar los recursos económicos necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones electorales en la entidad.
Si la FEPADE logra llevar a juicio a Duarte por ese delito electoral, se le pueden imponer de seis meses a tres años de prisión, según la ley general en materia de delitos electorales, pena que se acumularía a las que se le puedan imponer en el proceso que actualmente se sigue en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El titular de la fiscalía, Santiago Nieto Castillo, indicó que en noviembre de 2016 se ejerció acción penal en contra de ocho colaboradores de Duarte de Ochoa, incluyendo dos secretarios de estado, ex presidentes municipales de Boca del Río y de Veracruz y de una regidora en funciones.
Peculado, en delitos graves. Santiago Nieto dijo ayer que el peculado electoral o el condicionamiento de programas sociales con fines electorales deben ser incluidos en el catálogo de delitos graves para que merezcan prisión preventiva de oficio.
Luego de participar en la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, advirtió que el no incluir los delitos electorales entre las conductas graves no ayuda a sancionar a quienes violan la equidad electoral. “Me parece importante la necesidad de que los delitos electorales, en particular el peculado electoral o el condicionamiento de programas sociales, se conviertan en delitos de naturaleza grave. No considerarlos así ha implicado que las personas adquieran la libertad caucional o que no tengan prisión preventiva, lo cual creemos que no ayuda a los fines del derecho penal electoral, que implican la sanción a personas que están violando la equidad electoral a partir del financiamiento ilícito, el peculado electoral o el condicionamiento de programas sociales”, dijo.
Sobre el caso de la ex diputada de Veracruz, Eva Cadena, informó que del expediente remitido por la Fiscalía General de Veracruz faltaba un documento en el que dicha dependencia se declara incompetente. “Estamos integrando la carpeta de investigación. Apenas solicitamos a la Fiscalía General del estado que nos remitiera el expediente, lo hizo hace ya una semana y media, sin embargo faltaba un documento de incompetencia que tenía que integrarse para que nosotros ejerzamos la acción penal”.
