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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), advirtió que se ha generado una crisis en el sistema de justicia penal, porque los tres niveles de gobierno no aplican de manera adecuada el nuevo modelo.
Pidió que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reconozca que no fueron suficientes ocho años que se dieron de plazo para la aplicación de la reforma, y llamó a que las autoridades asuman su responsabilidad en las fallas que reporta el cambio.
Consideró que las propuestas de los gobernadores de ampliar el catálogo de delitos que deban ser objeto de prisión preventiva oficiosa —robo de combustibles y portación de arma de fuego—, no van a resolver el problema de la inseguridad pública.
Remarcó: “Los gobernadores lo que proponen son paliativos, y con ello la crisis se profundizaría en el mediano plazo, por lo que el objetivo de la Conago es una contrarreforma”, dijo.
En el Senado, la legisladora perredista afirmó ante los periodistas que en el Congreso “debemos analizar si necesitamos darle más tiempo a los operadores del sistema, a fin de que se capaciten adecuadamente, y a lo mejor los ocho años que dimos de vacatio legis fueron insuficientes”.
Reconoció que organizaciones de la sociedad civil previnieron sobre la capacitación insuficiente que se había impartido a policías, ministerios públicos, fiscales y peritos. Estas advertencias fueron señaladas hace un año, recordó De la Peña Gómez.
Sugirió que los gobiernos estatales sean autocríticos con la calidad con que han aplicado la reforma del Sistema de Justicia Penal, y en ese sentido hagan un balance de los problemas que enfrentan.
Respecto a las propuestas de la Conago sobre robo de combustible y portación de armas, De la Peña dijo que se requiere que las autoridades realicen un trabajo de investigación.
En el caso del robo de combustible, el problema, explicó, es la corrupción que ha imperado desde el sexenio pasado, lo cual detonó el crecimiento de casos de este delito. “Se tiene que aplicar la ley, interpretarla de manera correcta”, afirmó.
Indicó que las autoridades tienen la obligación de investigar de manera adecuada, a fin de fundar y motivar que sean vinculados a proceso quienes han cometido delitos, y en esa circunstancia la imposición de la prisión preventiva “es perfectamente posible, en función del riesgo procesal de cada imputado”.
Sobre la propuesta de prisión preventiva oficiosa por portación de arma prohibida, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expuso que se deben atacar las causas del problema, como lo es el hecho de la disponibilidad de artefactos letales.
Dijo que “la mayoría de armas que utiliza la delincuencia provienen del tráfico ilegal, desde EU”. Agregó que también hay armas reportadas como perdidas por policías, soldados y marinos.
