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Los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) acordaron ayer nuevos criterios para auditar los recursos ejercidos en las campañas de los estados que tuvieron elección el 4 de junio, por lo que el exceso de gastos que se había detectado en Coahuila pende de un hilo.
La aplicación de los criterios se reflejará en engroses a los dictámenes y proyectos de resolución que hoy conocerá el Consejo General del INE, y que propondrá reducciones sensibles en las multas propuestas y en el gasto que les había sido cargado a partidos y coaliciones que contendieron en los estados fiscalizados.
Tan sólo la coalición que en Coahuila encabezó el PRI y que integraron Panal y PVEM con Miguel Riquelme como candidato al gobierno, podría disminuir al menos 3 millones de pesos al gasto extra que se le había acreditado, y sólo por algunos conceptos, pues se ordenaron correcciones en cinco rubros.
La semana pasada, la comisión había estimado que Riquelme excedió en 5.9 millones de pesos el tope, es decir, un rebase de 31 %. La causal de nulidad de elección que establecen las leyes electorales marca que el rebase debe ser de más de 5% del tope y tener una diferencia menor a 5% del segundo candidato en votación.
El 5 % del tope de gasto, de 19.2 millones de pesos en Coahuila, es de apenas 962 mil 123 pesos, de ahí que el ajuste a las cifras que aún serán discutidas y votadas, no garantiza que la coalición tricolor salve el rebase.
Aplican racionalidad. Los criterios que variaron para “ajustarlos a medidas de racionalidad y razonabilidad” se refieren a las matrices de precios con las que serán valuados los gastos que no fueron reportados al INE en rubros como pagos a representantes en casillas, spots, propagada y casas de campaña.
También se acordó modificar la fórmula de prorrateo de gastos acreditados a un partido o coalición. Los consejeros revaloraron que no se había considerado, como ordena el Reglamento de Fiscalización, que ésta dispersión se realiza según el tope de gasto de cada nivel de elección y área geográfica (a gobernador, diputado, alcalde).
Además se tomarán en cuenta los formatos mediante los cuales los partidos informaron no haber pagado apoyos a sus representantes de casilla, pues en el caso del PAN, PVEM y Panal consta en actas que el área fiscalizadora sólo les requirió muestras y no se llevó la documentación completa, aunque contaban con ella.
Otra modificación que se proyecta impactar en los engroses ocurrirá tras corregir cifras sobre el número de representantes de partido en casillas que sí acudieron el 4 de junio.
Este dato resultará del cruce entre los registrados en el Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), con la base de datos integrada con los formatos que los partidos entregaron por cada uno de sus observadores y que indicarían cuántos sí asistieron.
Además se analizarán de nuevo los espectaculares detectados en monitoreo, pues en su cabildeo los líderes del PRI, Enrique Ochoa, y del PAN, Ricardo Anaya, habrían comprobado duplicidades evidentes, ya que había fotografías captadas desde diferente perspectiva.
Salvan gastos. Cuando los partidos no reportan gastos, pero se detecta que sí los realizaron —y no hay facturas— se aplica una matriz de precios para valuarlos. El reglamento ordena aplicar el precio más alto que un partido haya pagado en la misma zona geográfica.
Con el criterio de racionalidad, los consejeros resolvieron ajustar la matriz de precios y tomar en cuenta no el valor máximo, sino una media del que más haya pagado a sus representantes.
En los dictámenes de Coahuila se había tasado en mil 350 pesos el pago a cada representante, pues el PRD informó haber pagado eso a 736, es decir, 0.028% de sus 25 mil 940 representantes en el estado.
Al aplicar la fórmula se había estimado que eso pagaron los partidos que no reportaron gasto por ese concepto. Así se cargaron al PRI 3.4 millones de pesos presuntamente no informados, aunque acreditó no haber pagado nada. Al PVEM se le habían sumado más de 3 millones y al Panal 2 millones de pesos de gastos extras.
Con ese criterio se dispararon los gastos cargados a los partidos. En el Estado de México se tasó en 2 mil 800 pesos el pago por representante, pues la UTF informó que Morena pagó eso a uno, aunque ese partido lo negó.
En el estado de Veracruz se estimaron pagos de mil 750 pesos, pues el Panal entregó eso a uno de 69 mil 583 representantes.
