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Ha pasado un año desde que se finalizó la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) y en distintas esferas del gobierno y de la sociedad, voces a favor y en contra de la operación de la nueva impartición de justicia en México se han manifestado para exigir cambios e, incluso, una contrarreforma. A pesar de ello hay expertos que advierten que la posible liberación masiva de presos, no es atribuible al sistema sino a que sigue permeando la corrupción en ese ámbito.
A partir de que comenzaron las evaluaciones a los resultados de la operación del SJPA, funcionarios del gobierno federal, de las instancias de justicia de la Ciudad de México y organizaciones civiles y no gubernamentales se han pronunciado por cambios que garanticen el acceso a la justicia.
Entre ellos figuran Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad; Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, y Juan José Olvera López, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos del Poder Judicial de la Federación.
Especialistas señalan que un año no es suficiente para emitir juicios acerca del funcionamiento del SJPA y que es necesario mejorar la calidad de la capacitación que se le brinda a los operadores para asegurar resultados exitosos.
Bertha Alcalde, de la organización Borde Jurídico, afirmó a EL UNIVERSAL que los errores se pueden ir corrigiendo sobre el avance y defendió los beneficios del sistema.
“Un año no es suficiente para evaluar si el sistema funciona o no, se necesita más tiempo, pero sí se puede ir corrigiendo sobre la marcha. Hay que darnos cuenta de que las debilidades no están en las normas, no están en el sistema acusatorio, sino en la falta de capacitación de los operadores y fallas que existían en el sistema anterior. Tenemos un sistema mucho mejor, no nada más para el imputado, en general, para la sociedad, para la víctima, para las autoridades, es un sistema que genera menos impunidad”, indicó Alcalde.
Rodolfo Félix Cárdenas, abogado especializado en sistema penal acusatorio y ex procurador general de justicia de la Ciudad de México, aseguró que en otros países latinoamericanos se realizaron diagnósticos hasta cinco años después de la implementación y que por ello en México aun no se debería emitir una evaluación.
Martín Carlos Sánchez, director de fundación Renace, opinó que es pronto para pedir reformas o correcciones, y lo que se debe de hacer es corregir errores de la operación.
“No debemos de hablar de reformas sino de corrección de errores y de mejora en la capacitación de todos los que están operando. Yo considero que la verdadera evaluación debe ocurrir en, al menos, cinco años, cuando el sistema se estabilice y se hayan reparado las fallas”, dijo.
Uno de los principales argumentos en contra del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido que la portación de armas de fuego no está considerada en el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa, cuestión que, de aprobarse, podría promover la “siembra” de armas en los imputados, señalan especialistas.
La experta Alcalde alerta sobre la falta de capacitación en los policías, misma que contribuiría a que tomen la decisión de colocar armas en los informes de los detenidos para asegurar su permanencia en prisión si el delito de portación de arma de fuego asegura prisión preventiva.
“Si nosotros ponemos en el catálogo el delito de posesión de armas, vamos a generar que el policía, que la mayoría de las veces no está capacitado para hacer labores de investigación, va a detener a alguien y, como sabe que por ciertos delitos no opera la prisión preventiva, va a sembrar un arma”, advirtió la especialista.
Alcalde incluso calificó como “incentivos perversos” la decisión de ampliar el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y aseguró que son los jueces quienes deben emplear su criterio para definir quiénes deben enfrentar el proceso en privación de libertad.
Al respecto, Martín Carlos Sánchez señaló que la mayoría de las veces la libertad de los imputados depende de la falta de capacitación de los operadores del SJPA y el manejo de información y las unidades de seguimiento.
“Si estas personas vuelven a delinquir, el juez tendría que aplicar una prisión automática por haber fallado en esta libertad que le dieron a la persona. Si el [agente del] Ministerio Público no lleva la información al juez, éste no podrá tomar una decisión por reincidencia y se le dará trato como si fuera una persona nueva, que no tiene antecedentes”, señaló.
Félix Cárdenas señaló que es necesario un cambio en la sociedad para entender y aceptar el SJPA.
“La sociedad quiere siempre esa pena mayor, porque estamos educados a [pedir] más cárcel a todo; la sociedad no ha sido informada del sistema, la cultura que nosotros tenemos es mordernos unos a nosotros”, lamentó.
Dijo que hay que reconocer que sí hay muchas cuestiones en la implementación del sistema penal que pueden ser mejoradas y, como toda ley, es perfectible, pero la práctica ayudará a su óptimo desarrollo.
María Novoa, directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), señaló: “El sistema no es el problema. Hay un problema con las capacidades del policía como primer respondiente y de cómo le pasa la estafeta al Ministerio Público, quien no ha logrado establecer argumentos sólidos para que el juez tome decisiones”.
Novoa aseguró que es necesaria la creación de una unidad de seguimiento y evaluación para que se identifiquen las principales deficiencias y se puedan generar acciones y políticas para corregirlas.
“El proceso de implementación no se cumplió a 100%, hay muchos vacíos y pendientes. La autoridad debería asumir su responsabilidad del proceso y tomar acciones respecto a la capacitación de los operadores”, afirmó.
Mario Uribe Olvera, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, detalló que la etapa de consolidación del sistema apenas comenzó al finalizar la implementación y sí es necesario realizar ajustes, pero no se puede pensar en modificar el sistema.
“El sistema está funcionando y va bien, lo que no está funcionando es el trabajo de los Ministerios Públicos y de la policía”, consideró Uribe Olvera.
Acerca de los comentarios que han señalado que el SJPA ha permitido la salida rápida de los delincuentes y que se prevén otras cuatro mil liberaciones, dijo que “las voces que dicen que el sistema ha fomentado una especie de puerta giratoria, porque las personas detenidas son liberadas, estas voces obedecen a intereses que no son ni la seguridad pública, ni la justicia.
“Si se da el caso de la puerta giratoria es porque los agentes del MP y los policías no están haciendo bien su trabajo”, comentó.
El especialista aseguró que el éxito de la implementación del SJPA depende del desenvolvimiento de los operadores, quienes deben ser capacitados de nueva cuenta para asegurar el buen desempeño en su trabajo.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, expuso que la postura de la organización que encabeza no está enfocada a una contrarreforma, pero sí a la corrección de errores que han causado que el sistema afecte las cifras de incidencia delictiva a nivel nacional: “Si un sistema funciona es porque alguien comete un delito, recibe una consecuencia, se protege al inocente y se da la no repetición, y lo que estamos viendo son grandes fallas.
“No queremos una contrarreforma, Alto al Secuestro aprueba la reforma, pero no aprobamos las condiciones en las que está. Lo que se debe hacer es tener una equidad entre las víctimas y el procesado”.
