Más Información
politica@eluniversal.com.mx
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que no sólo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe rendir cuentas ante los mexicanos sobre el presunto espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición, sino también cada uno de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, ya que no están exentos de realizar dichas prácticas.
La diputada perredista, Lluvia Flores Sonduk, afirmó que los gobernadores tienen la obligación de informar sobre los servicios de espionaje que tienen contratados, con qué empresas y los montos, además de responder a las acusaciones de espionaje contra dirigentes sociales, periodistas y empresarios por ser incómodos al sistema.
“Hay información de diversos medios de comunicación en donde han dado a conocer que las entidades federales han comprado equipos de espionaje, pero hasta ahora no existen datos oficiales de cuáles son las empresas que han vendido los equipos, a cuáles entidades y sus características”, agregó en un comunicado.
Reconoció que es importante que el gobierno federal cuente con el equipo para investigar a narcotraficantes y al crimen, “pero no para fines políticos, para espiar a los críticos y opositores al gobierno en el poder”.
Explicó que, a decir de medios de comunicación, los gobiernos de Baja California (PAN), Chihuahua (PAN), Nayarit (PAN), Querétaro (PAN), Estado de México (PRI), Sonora (PRI), Jalisco (PRI), Puebla (PAN), Campeche (PRI), Tamaulipas (PAN), Tlaxcala (PRI), Yucatán (PRI), y Ciudad de México (PRD), son de las entidades que habrían comprado esos equipos, pero se desconoce si el resto de las entidades los tiene o no.
“Son peculiares los casos de Durango y Guerrero, cuyos gobernadores, José Rosas Aispuro (PAN) y Héctor Astudillo Flores (PRI), dijeron desconocer dónde están los equipos de espionaje que adquirieron Rafael Herrera y Ángel Aguirre Rivero, sus respectivos antecesores”, externó.
Dijo que los gobiernos deben detallar sobre los equipos que compraron, como el de la empresa israelí NSO Group, los contratados con Hacking y su filial en México, Neolinx y si el contrato con Sogams y Verint, fue producto de “una imposición de la Iniciativa Mérida” por ser allegadas a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
