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Periodistas, defensores de derechos humanos, integrantes de organizaciones de libertad de expresión y activistas exigieron una investigación internacional por el uso del programa Pegasus, el cual habrían utilizado dependencias del gobierno federal para espionaje.
En un acto simbólico en el que se entregaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser investigados, el grupo de manifestantes detalló que no será creíble la investigación cuando la propia PGR fue una de las dependencias que compró el programa.
Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expuso que la impunidad los pone en riesgo y que la PGR no goza de su credibilidad, por lo que llamó a que sean instancias internacionales las que investiguen.
“Nos sentimos agraviados por el espionaje que distintas organizaciones del gobierno están haciendo. Todos los que estamos aquí sentimos que es una amenaza en contra de nuestra actividad y trabajo de documentar violaciones a derechos humanos, actos de corrupción y exigir resultados a las instituciones”, señaló.
En la reja de la entrada de la PGR, donde levantaron las manos en señal de entrega, el defensor de derechos humanos aseguró que se está experimentando el uso político de la justicia, de la seguridad, para controlar o reprimir a todos los que tienen postura crítica al gobierno.
“Venimos a entregarnos, si es que las instituciones nos investigan, venimos a entregarnos”, enfatizó.
El ex diputado del PRD Fernando Belaunzarán mencionó que es necesaria la intervención de peritos internacionales para que sean ellos los que investiguen los actos de espionaje y no la PGR.
Según la publicación, se han registrado 88 mensajes con enlaces para el posible espionaje que incluye a periodistas y defensores de los derechos humanos, por lo que la PGR inició una carpeta de investigación por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión.
Entre los que habrían recibido un mensaje SMS para la instalación del software están Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro ProDH; Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO).
Al respecto, la CNDH se pronunció y solicitó medidas cautelares, además de hacer un llamado a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y a la PGR para que se abstengan de utilizar sistemas de espionaje si es que los adquirieron.
