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alberto.morales@eluniversal.com.mx
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard, urgió al Senado a definir un proceso abierto, transparente y basado en los méritos de todos los integrantes del sistema, incluidos el fiscal anticorrupción y los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En entrevista, dijo que seis días después de que entregaron al Senado una moción sobre los nombramientos de los magistrados que sancionarán los casos administrativos graves de corrupción —porque su designación no observó los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad— no han tenido una respuesta institucional.
“No ha habido respuesta, nosotros no sólo tenemos que ir a hacer una moción, sino a exigir que se atienda esa proposición. Lo que queremos es una respuesta; me han buscado algunos senadores, pero esperamos que quien nos busque sea la Junta de Coordinación Política o la Mesa Directiva; es decir, que haya una respuesta institucional”, dijo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, durante la presentación de la iniciativa Nosotrxs.
Peschard Mariscal dijo que desconoce si el Senado podrá votar el nombramiento del fiscal anticorrupción en un eventual periodo extraordinario de sesiones previsto para después de la elección del 4 de junio.
Explicó que para el sistema es muy importante que el comité esté completo, que los procesos de nombramientos sean abiertos y con base en el mérito de los aspirantes.
“Que se conozca quiénes son los que participan como aspirantes, cuáles son las razones por las que se escoge a uno u otro; es decir, que se siga con el patrón de parlamento abierto, no sólo en el ámbito federal, sino también en el local”, dijo.
El pasado 2 de mayo el comité objetó ante el Senado los nombramientos de 18 magistrados anticorrupción enviados por el presidente Enrique Peña Nieto para su ratificación a la Cámara Alta.
El comité emitió una moción, porque los nombramientos no observaron los principios constitucionales de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad.
“El nombramiento de los 18 nuevos magistrados del TFJA no ha observado los principios constitucionales, ya que en el proceso se privó a las organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, colegios profesionales y a los ciudadanos en general de evaluar y cuestionar los perfiles”, explicó.
