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El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Jorge Wolpert, afirmó que los subsidios otorgados por su institución están “vacunados” ante la eventual manipulación con fines electorales.
“No estoy preocupado de que el subsidio que la Sedatu otorga a través de la Conavi para vivienda pueda sufrir o pasar por temas vinculados a coyunturas electorales. Hasta ahora se han registrado cero abusos”, dijo a EL UNIVERSAL Wolpert.
La tranquilidad que muestra el funcionario ante el reparto de recursos para vivienda en un país con millones de personas en pobreza, que padece del cáncer de la corrupción y que está en la antesala de las elecciones presidenciales, son las estrictas reglas del subsidio, las cuales calificó de transparentes, robustas y comprobadas.
“No es un subsidio que le des a una organización o persona, es uno que baja a través de entidades ejecutoras, que a su vez están obligadas a firmar convenidos y establecer requisitos que legalmente las hacen vinculantes para que se cumplan esos criterios”.
Se estima que 7.5 millones de mexicanos sufren rezago habitacional. Los subsidios de la Conavi se caracterizan por estar dirigidos a los grupos más vulnerables, como madres solteras, mujeres víctimas de violencia, migrantes, jóvenes y personas con discapacidad, y que tienen ingresos por debajo de cuatro UMAS [Unidad de Medida y Actualización). Este sector puede recibir hasta 80 mil pesos para completar un crédito de vivienda.
En cinco años se brindaron incentivos para apoyar más de dos millones de ofertas habitacionales.
Al referirse a la diseminación del subsidio entre las distintas ciudades del país, también descartó que pueda haber sesgo político. El reparto de recursos se realiza con base al análisis del registro de vivienda, las cifras proporcionadas por el Infonavit y las capacidades de las entidades para generar oferta y demanda: “Esto no pasa nunca por un matiz político vinculado a los gobiernos estatales”, dijo.
Las ciudades que más se han beneficiado son Monterrey, Guadalajara, Cancún, Tijuana y Querétaro, aunque prevé un crecimiento en la participación de Oaxaca y Veracruz.
Afirma que la clave para atraer recursos es la capacidad de las entidades para vincularse con los productores sociales y desarrolladores de vivienda tradicional con crédito. Otro consejo: la identificación de suelo propicio para la construcción, un requisito primario en la aprobación de las candidaturas.
Para este año, el monto disponible para subsidios fue reducido 35%, pero espera que con las nuevas reglas de operación, el tope para calificar pasó de cinco UMAS a no más de cuatro, se atienda al mismo número de personas que en 2016, es decir 130 mil.
El ciclo en curso arrancó con un rezago del año pasado, los primeros tres meses se dedicaron a atender “una fila” pendiente equivalente a mil 800 millones de pesos.
En abril se otorgaron créditos por 100 millones de pesos, y para mayo estiman repartir 700 millones de pesos, lo cual equivaldría 30% del total de fondos de 2016.
Las declaraciones del funcionario fueron en el marco de su participación en distintos foros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre desarrollo urbano y regional.
Aseguró que el sector de la vivienda está sano, es la tercera actividad económica que alimenta el PIB del país, genera una derrama de 450 mil millones de pesos al año y emplea a 3 millones de trabajadores.
Detalló que el desafío nacional no es generar 12 millones de viviendas en los próximos 12 años, como señala un informe de la UNAM, sino detener la expansión de las periferias y mejorar la infraestructura existente.
En los últimos 30 años, la mancha urbana se ha expandido más de siete veces en promedio a nivel nacional, cuándo la población ha crecido sólo dos veces, de allí que el reto sea mejorar las viviendas existentes, promover la construcción vertical y encontrar suelo bien ubicado para contener la expansión de la periferia.
Como solución propone introducir un predial progresivo a quienes están haciendo mal uso o desaprovechando un terreno bien ubicado.
Como respuesta al desarrollo de centros comerciales, que suele darse en zonas urbanas bien localizadas, aconseja condicionar los proyectos a que destinen un porcentaje del mismo suelo a vivienda social.
“Pero el mayor reto de todos es generar esquemas de acceso a financiamiento a las personas que no tienen seguridad social”, indicó.
Sobre el programa de vivienda para migrantes, reconoció que hubo poca incidencia el año pasado por su carácter piloto, sólo 150 acciones, principalmente en Campeche y Puebla.
Sin embargo, la demanda está aumentando conforme es del conocimiento de la diáspora. En los primeros meses se registraron 350 acciones, y próximamente 200 viviendas se entregarán en Zacatecas.
La meta es atender a 5 mil migrantes antes de que finalice la actual administración, misma que confía alcanzar el objetivo.
