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Un bloque de ocho organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos denunció hoy en Costa Rica “los riesgos” que enfrentan las madres y las familias mexicanas que buscan a sus parientes desaparecidos y exigió al gobierno de México que garantice la seguridad y la integridad de esas personas y ayude a “resolver con seriedad” que persiste en ese país con el fenómeno de las desapariciones.
Las demandas están contenidas en una declaración difundida hoy en esta capital y suscrita por las siguientes organizaciones: Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), Asociadas por lo Justo (JASS), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI) y Robert F. Kennedy Human Rights.
Basadas en “cifras oficiales”, puntualizaron que el número de personas desaparecidas en México “sobrepasa los 30 mil casos”, en un escenario de “violencia en contra de defensores de derechos humanos” que prevalece en esa nación.
El gobierno mexicano ha alegado reiteradamente ser un defensor de los derechos humanos y que cumple con sus obligaciones nacionales e internacionales en la protección de sus ciudadanos.
A balazos. En su declaración, las organizaciones precisaron que “el gobierno mexicano debe garantizar la seguridad e integridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos, y resolver con seriedad la crisis de desapariciones que persiste en el país. La noche del 10 de mayo, Día de las Madres en México, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, defensora de derechos humanos y madre de una hija desaparecida, fue asesinada a balazos en el estado de Tamaulipas”.
Al expresar “nuestra gran preocupación y consternación por el asesinato de Miriam”, las organizaciones urgieron a las autoridades mexicanas a efectuar “acciones inmediatas que aseguren que este caso será debidamente investigado y no terminará en impunidad”.
La hija de Rodríguez, identificada como Karen Alejandra Salinas, desapareció en 2012 y su madre, “ante la falta de resultados y confianza en las autoridades”, se unió a los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos en México. “Era la dirigente del Colectivo de Desaparecidos en Tamaulipas. Ella misma investigó el paradero de su hija y halló sus restos en una fosa clandestina dos años después de los hechos”, narraron.
En ese sentido, aseguraron que “desafortunadamente, Miriam es la víctima más reciente de un patrón de violencia y represalias en contra defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y personas a través de México que con su trabajo denuncian la negligencia estatal en diversos aspectos de la vida pública del país, desde la corrupción hasta la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas”.
“Las madres y familias de personas desaparecidas se encuentran en una situación particularmente vulnerable. Ante la falta de acciones contundentes y resultados en la búsqueda y localización de las y los desaparecidos, son las familias quienes se arriesgan a salir a las calles en búsqueda de pruebas y rastros de sus seres queridos, y son ellas quienes impulsan las investigaciones oficiales y presionan a las autoridades para presentar avances”, advirtieron.
Sin embargo, las familias “a menudo” en esa tarea se enfrentan a “situaciones de riesgo, carecen de todos los elementos necesarios para llevar a cabo sus pesquisas y se exponen a posibles represalias por parte de autoridades y de perpetradores de delitos”, alertaron.
Exigieron a las autoridades mexicanas “que asuman en forma seria su responsabilidad en la investigación del asesinato de Miriam, y no dejen que trabas burocráticas y conflictos de jurisdicción obstaculicen este caso ni otras agresiones que han sufrido familiares en búsqueda”.
Al insistir en que las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México “son defensores/as de derechos humanos”, instaron a las comisiones estatales y nacional de derechos humanos, al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y a otros organismos federales y locales “a reconocerlos como tales y por tanto a proporcionarles las medidas de protección necesarias y adecuadas, así como a garantizar que contarán con las condiciones para llevar a cabo su labor de defensa sin poner en riesgo su vida y su integridad”.
