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Javier Nava Soria, el contador de Javier Duarte detenido en España el miércoles, ha rechazado la extradición inmediata a México.
La decisión de Nava abre un proceso que puede alargarse durante meses, como ocurrió con el caso del último mexicano extraditado desde España, Diego Cruz Alonso, que pasó entre junio de 2016 y enero de 2017 en una cárcel de Madrid hasta que agotó todos los recursos judiciales de los que disponía para retrasar su regreso a Veracruz.
Una vez que Nava ha rechazado el traslado obligatorio a México, donde pesan contra él cargos de “delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Secretariado de Relaciones Exteriores (SRE) tienen 45 días para presentar la documentación necesaria para acreditar para una extradición forzosa. El canciller Luis Videgaray confirmó este jueves en España, donde se encontraba en una visita oficial, que el gobierno presentaría todos los documentos, ante la previsión de que el colaborador de Duarte no aceptaría regresar a México voluntariamente.
A partir de este momento comenzarán una serie de vistas en los tribunales y recursos que terminarán en un plazo incierto con una decisión judicial que deberá avalar el gobierno de España, explican desde la Audiencia Nacional.
El juez Santiago Pedraz dictaminó el ingreso en prisión incondicional de Nava el jueves después de que declarase en la Audiencia Nacional, en Madrid. La Policía Nacional de España detuvo a Nava el día anterior en un hotel de la localidad catalana de Cabrils.
Sobre él pesaba una Orden Internacional de Detención de la Interpol. “A Nava Soria se le acusa de desviar presuntamente elevadas cantidades de dinero público mexicano destinados a educación y salud entre los años 2012 a 2015, siendo uno de los colaboradores personales de Javier Duarte, arrestado recientemente en Guatemala”, anunció la Policía Nacional en referencia al arresto del exgobernador el 15 de abril. La policía española asegura que los delitos que se le imputan a Nava podrían conllevar una pena de 20 años de prisión.
Nava Soria está en la lista de quienes habrían colaborado con Duarte como accionistas, contadores o representantes legales para desviar recursos públicos e invertirlos mediante firmas fantasma en México, Estados Unidos y España. Según la PGR, el arrestado participó en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros. Su objetivo era transferir supuestamente elevadas cantidades de dinero público destinado a educación y salud entre los años 2012 y 2015, para reinvertirlas en la adquisición de inmuebles tanto en México como en el extranjero.
