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A marchas forzadas, el Senado y la Secretaría de Gobernación buscan los consensos para tener antes de que termine el periodo, un dictamen del Ley de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Particulares.
Las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña (PRD); de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), de Justicia, Pilar Ortega (PAN), y de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, están reunidas con el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, desde las 15:00 horas y se prevé que trabajen toda la noche.
“Estamos trabajando con las cuatro presidentas de las comisiones, tenemos una buena parte del día, construyendo acuerdos que nos permitan en este periodo tener una ley que es importantísima, porque hay miles de personas y familias de desaparecidos que necesitan mejores instrumentos para localizar a las personas a las que buscan”.
Campa expresó que el objetivo es contar con una ley que defina mejor el tipo penal, las sanciones y la política pública para prevenir este delito.
El funcionario reconoció que tienen el tiempo encima, por lo que trabajan a marchas forzadas para sacar un dictamen. Recordó que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recomendado a México legislar en la materia.
El funcionario expresó que si bien tener una ley no garantiza que las condiciones mejoren, el hecho de no contar con una normatividad adecuada asegura que el Estado no será capaz ni de cambiar las condiciones para inhibir a los perpetradores ni tener una política pública para la búsqueda.
Se conoció que ese rubro es uno de los principales temas que han atorado el debate de esa norma, pues por un lado los familiares de desaparecidos han planteado la creación Policía Nacional de Búsqueda con elementos profesionales, la PGR ha insistido que es el ministerio público es quien tiene las facultades exclusivas de realizar esas tareas por mandato constitucional.
