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Especialistas en Historia y en materia penal se reunieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) para presentar el coloquio 100 Años de Justicia Penal sobre el Centenario de la Constitución.
Gerardo Laveaga Rendón, director del instituto, fue el encargado de presentar a los participantes y abrir el seminario.
En su intervención destacó la importancia de conocer los orígenes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
“Descubrir el pasado puede ser terriblemente angustioso, pero también puede ser motivo para mejorar el presente”, comentó Laveaga Rendón.
En el coloquio participaron Alejandro Escobedo Rojas, profesor Universidad Panamericana; Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Ignacio Marván, licenciado en Economía por la UNAM, y Elisa Speckman Guerra, maestra de Historia también de la UNAM.
Los especialistas participantes expusieron sobre el Constituyente de 1917, la administración de justicia y las garantías penales.
Pedro Agustín Salmerón aplaudió los logros en materia laboral, como la aprobación del salario mínimo, la jornada laboral de ocho horas y el derecho a huelga.
El doctor en Historia señaló que para generar la Constitución de 1917 fue necesario superar la división entre la postura de Venustiano Carranza y los jóvenes revolucionarios.
El especialista en Historia por la UNAM destacó que con la nueva Carta Magna, el Estado Mexicano vigilaría el cumplimiento de las reformas sociales y económicas.
“La Constitución promulgada en 1917 dio forma a un Estado que se convertía en el actor principal de la vida política y el árbitro de las esferas económicas y sociales a través de la reivindicación de reformas sociales”, expuso el académico.
En su intervención, Ignacio Marván detalló que uno de los factores que motivaron la revolución maderista fue mejorar la administración de la justicia y mejorar la organización del Poder Judicial.
Marván señaló la mayoría de los debates de los constituyentes fueron producto de materia penal referente a la administración de justicia, como los amparos.
“Desde que entró en vigor la Constitución de 1917 se inició un proceso complejo de un nuevo sistema de administración y procuración de justicia que estuvo lleno de opiniones divididas”, indicó.
El licenciado en Economía destacó que 78% de los constituyentes de 1917 tenían una profesión universitaria.
Speckman Guerra expuso que antes de la revolución, ciudadanos sin formación jurídica eran los encargados de juzgar a quienes cometían delitos y poco a poco se fue recortando su competencia.
“Con el tiempo fueron aumentando los requisitos para los ciudadanos que querían ser parte de este jurado. Con esto el jurado dejaba de ser popular”, señaló la maestra de Historia por la UNAM.
Antes se consideraba que los jueces y magistrados no eran independientes porque eran designados por el Presidente. La Constitución manifestó la preocupación de limitar la intervención de las autoridades administrativas y significaron frenos para girar órdenes de aprehensión y cateos domiciliarios.
En general, el coloquio destacó los logros obtenidos al reformar la Constitución y promulgarla como ahora la conocemos.
