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La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), por medio de sus unidades de análisis e inteligencia financiera, comenzaron a rastrear el dinero de Guillermo Padrés Elías desde el año 2007, cuando era senador de la República por el Partido Acción Nacional.
Hoy las autoridades saben que la fortuna ilícita que formó el ex gobernador de Sonora la intentó ocultar con más de 60 mil transacciones financieras en las que se vieron involucradas por lo menos 25 personas cercanas a él, así como 20 empresas utilizadas para circular el dinero; incluso, parte de esos recursos llegaron a su abogado, el ex procurador General de la República Antonio Lozano para pagar sus servicios.
El ex mandatario comenzó a tejer su estrategia para que el dinero del erario fuera a parar a su empresa familiar Pozo Nuevo de Padrés, para lo cual creó junto con sus familiares y amigos cercanos empresas fachada, una de ellas la Minera SWF, que no contaba con los requisitos necesarios por parte de la Secretaría de Economía.
En la investigación, además de la PGR, también estuvieron involucrados los países de Estados Unidos y Holanda.
Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL señala que en el año 2011 Guillermo Padrés constituyó la empresa Dolphinius en el extranjero. La intención era proteger la ilícita fortuna familiar.
En la primera causa penal por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita el ex gobernador tuvo tres inversionistas para el proyecto minero SWF: se trata de su hermano Miguel Padrés, el empresario Francisco Monreal y la empresa Torres Peña, S.A., cuya apoderada legal era María Amanda Mendoza.
Según la investigación, Francisco Monreal, empresario en el ramo farmacéutico y agropecuario, fue el distribuidor y comercializador de medicamentos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora a partir del año 2010. La señora Mendoza era en 2010 la administradora única de la empresa contratista Torres Peña y habría adquirido las acciones por 500 pesos en junio de ese año.
Los tres inyectaron en 2011 la cantidad de 8.8 millones de dólares a una cuenta de Estados Unidos, en el banco Wells Fargo, de la empresa Dolphinius; desde ahí las autoridades detectaron que Guillermo Padrés no hizo ninguna declaración fiscal.
Desde esa cuenta comenzó a hacer movimientos bancarios para intentar burlar a las autoridades financieras. Los 8.8 millones de dólares los movió de la cuenta Wells Fargo al banco Morgan Stanley, una cuenta también de la empresa Dolphinius. Y siguieron los movimientos.
En mayo de 2015, Guillermo Padrés transfirió todo el dinero a otra cuenta del mismo banco, pero ahora estaba a su nombre. Ahí se detectó el incremento en su patrimonio de manera exponencial.
En ese mismo mes, casi al final de su mandato como gobernador de Sonora, movió de nuevo todo el dinero a una cuenta personal en el banco BBVA Compass para luego días después hacer el cambio a moneda mexica por 134 millones de pesos que fueron depositados a la cuenta de Minera SWF.
Con el dinero en México, los 134 millones de pesos fueron destinados a las empresas familiares Toro Drilling, Pozo Nuevo de Padrés, además de 4.4 millones de pesos para su abogado Antonio Lozano Gracia.
En la segunda causa penal, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el entonces gobernador de Sonora utilizó los recursos públicos para que llegaran a cuentas familiares y de sus amistades cercanas. El quebranto fue por 178 millones de pesos.
Desde sus primeros días como gobernador en 2009, Guillermo Padrés inició la trama de redes para hacerse de cantidades millonarias. Para ello utilizó tres empresas de textiles.
De manera sorpresiva, las empresas Confecciones Industriales, Sonora Apparel y una tercera se activaron económicamente con la llegada del nuevo gobernador.
El gobierno que encabezó Guillermo Padrés dio licitaciones irregulares a las empresas antes mencionadas, una de ellas del empresario Humberto Aguirre Ibarra; el dinero destinado para la fabricación de uniformes escolares fue a parar a cuentas personales.
Entre 2009 y 2014 el dinero circuló en esas tres empresas, pero desde 2010 comenzaban a hacer transferencias a una en el banco HSBC a nombre de Miguel Padrés y Ernesto Alonso Castorena, identificado como amigo del entonces gobernador de Sonora y uno de sus principales prestanombres.
Con un cargo como jefe de departamento, las autoridades vieron movimientos en la cuenta de Castorena que no coincidían con su sueldo. En total, llegó a tener 178 millones de pesos en la cuenta junto con Miguel Padrés.
De ahí el dinero se movió a la empresa familiar Pozo Nuevo de Padrés, que era el engrane entre las cuentas en el extranjero y la que se tenía en México.
En Pozo Nuevo de Padrés el secretario del Consejo de Administración era su hijo Guillermo Padrés Dignino y había otros dos socios, también familiares.
Según la investigación técnico-jurídica de inteligencia financiera, la PGR y Hacienda detectaron un movimiento de la cuenta Pozo Nuevo de Padrés a una personal del ex gobernador, que preparaba su última jugada financiera, pero fue detectada.
Datos de la PGR señalan que durante el lapso de 2009 a 2014 se realizaron licitaciones a modo para la compra de uniformes escolares para escuelas públicas, otorgando contratos a un grupo de empresas vinculadas al ex gobernador.
En junio pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó el embargo de Pozo Nuevo de Padrés por un adeudo fiscal; cuatro meses después el ex gobernador de Sonora ya tenía una ficha roja emitida por la Interpol para su localización y detención.
En la ficha de Interpol ubicaban a Guillermo Padrés en Centro y Sudamérica, específicamente en países como Belice o Guatemala, por lo que de inmediato comenzó su búsqueda en más de 190 naciones.
La red que operó junto con el ex mandatario va más allá del primer círculo familiar y la investigación de la PGR continúa abierta, puesto que dentro de los operadores hay más personas que fueron funcionarios durante su administración, así como empresarios.
Uno de ellos, que se encuentra bajo proceso, es Roberto Francisco Ávila, ex director de Auditoría Fiscal en la administración de Padrés Elías.
Datos de la PGR indican que el entonces director de la Auditoría Fiscal habría sido uno de los que perdonó pagos fiscales por medio de descuentos a más de 40 empresas, por lo que el pasado 22 de agosto un juez federal dictó el auto de formal prisión.
Según las auditorías, el ex colaborador de Guillermo Padrés causó un quebranto por 700 millones de pesos por la simulación de impuestos durante cuatro años en esa administración del panista.
A menos de un mes de comenzar su búsqueda, el propio Padrés Elías se presentó ante el juez por voluntad propia luego de salir de una entrevista radiofónica en la Ciudad de México; escoltado por elementos de la Marina y de la PGR, Guillermo Padrés llegó hasta el Reclusorio Oriente.
Ese mismo día, su hijo Guillermo Padrés Dagnino fue detenido al cumplimentarle una orden de aprehensión librada por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita.
