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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para prevenir y sancionar la tortura.
A través del diputado Waldo Fernández, el PRD mencionó que es necesario modificar la actual legislación, debido a que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no cumple en su totalidad con los estándares del artículo 1 de la Convención contra la Tortura ni tampoco del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, donde ambos señalan que no solamente un servidor público puede cometer este delito, sino también una tercera persona a instigación suya.
La reforma también establece y adiciona que la tortura aplicada a una persona puede ser “…con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva…”, lo que sin duda actualiza la normatividad nacional con el entorno internacional en aras de prevenir y sancionar la tortura.
Derivado del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes —aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 9 de enero de 2003—, el Estado mexicano se compromete a respetar los derechos humanos en virtud de que fue ratificado por el Senado el 11 de abril de 2005 y de que entró en vigor el 22 de junio de 2006.
Del mismo modo, con motivo de la reforma a la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se afirmó el carácter inderogable, aun en estado de emergencia, de la prohibición de la tortura.
Fernández dijo que es necesario proteger los derechos humanos, por lo que presentó la iniciativa como un aporte legislativo en aras de mitigar la violencia en contra de las personas y la defensa de sus garantías.
