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La Cámara de Diputados desistió de discutir la iniciativa sobre el uso medicinal de la marihuana, por lo que será atendida hasta 2017, dio a conocer el coordinador parlamentario del PRI, César Camacho.
La minuta enviada por el Senado sobre la regulación de la marihuana con fines medicinales y científicos, faculta a la Secretaría de Salud (Ssa) a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana.
Entre los que figuran el tetrahidrocannabinol (THC), sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos, además de eliminar la nabilona y al cáñamo de la lista de las sustancias que se consideran como un problema grave para la salud pública.
El documento que establece la posibilidad de cultivar la planta cuando se utilice con fines medicinales y de investigación científica, será discutido y analizado el próximo mes en comisiones, con la intención de que se apruebe en el siguiente periodo ordinario de sesiones, el cual inicia el 1 de febrero.
En conferencia de prensa y acompañado de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), externó también que tampoco se discutiría al cierre del periodo la ley referente a la Trata de Personas, debido a que no hay los consensos suficientes para avalarla en el pleno.
“Entre diputados y senadores se han aprobado 80 artículos que podrían entrar en vigor si se envían al Ejecutivo, pero están pendientes los 25 artículos restantes, presentan singularidades que merecen el análisis jurídico, la opinión de las organizaciones no gubernamentales y el estudio académico, y al final no hemos podido ponernos de acuerdo en forma cabal las fracciones parlamentarias de esta cámara”, explicó.
Análisis. De igual forma, en el documento se menciona la Ley de Trata de Personas, que prevé brindar mayor protección y seguridad a las víctimas, así como medios que les permitan recuperarse de los estragos causados cuando fueron objetos de este delito; además de facilitar la cooperación con otros países en el combate del mismo, lo que reducirá el campo de acción de los delincuentes.
El documento establece que se sancionará con prisión de cuatro a nueve años y de 500 a 20 mil días de multa a quien explote a una persona para realizar actos de mendicidad, mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, a través del engaño, la seducción y el abuso de poder.
Camacho Quiroz informó que de igual forma la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, será revisada para su aprobación hasta 2017.
El dictamen define que quien comete el delito de tortura “es el servidor público para obtener información o una confesión con fines de investigación criminal”.
