El relator especial de la ONU en Materia de Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, advirtió que México gasta mucho más que en otros países, casi el doble, en software que invade la privacidad.
Aseguró que es necesario revisar cuáles son las dependencias y autoridades del Estado han invertido en esos sofisticados sistemas que afectan el derecho de los ciudadanos a la privacidad.
Durante el Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, organizado por el Inai, el relator de la ONU expresó que “cuando buscan quién compró qué en México encontrarán que no solamente son servicios de inteligencia los que compran el software, sino también las agencias de la ley, la justicia, la policía, autoridades financieras, autoridades fiscales y todos parecen creer que este software es útil”.
Cannataci expresó que en el contexto del análisis que hace la Cámara de Diputados para aprobar la Ley General de protección de datos, es una oportunidad para que el país demuestre su compromiso con la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos personales y la privacidad.
“Creo que esta es una oportunidad dorada para que México demuestre cuáles son sus credenciales democráticas, el poner nuevos bloqueos de seguridad, para asegurase de que México muestre que le importa la seguridad de los datos personales”, sostuvo.
Cannataci, consideró recomendable que la referida Ley General otorgue facultades al INAI para sancionar a quienes violenten el derecho a la privacidad. “Mi consejo es que le den dientes a esta agencia”.
El relator recomendó también que la nueva norma, cuente con las mejores prácticas y, para ello, , la experiencia europea puede hacer aportaciones importantes.
“Después de 40 años de cometer muchos errores los europeos sí les pueden enseñar mucho. El Consejo de la Convención Europea tiene muy buenas ideas que ustedes deben de buscar, no deben diluir estas ideas, estos son los mínimos estándares básicos necesarios”, indicó.
El diplomático y experto en derecho a la privacidad consideró que la Ley mexicana debe contar con mecanismos de protección de los datos personales, por parte de los órganos de seguridad e impartición de justicia.
