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A dos días de que inicie el mecanismo de seguimiento al caso Iguala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene quién dirija la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El mecanismo es la manera de dar seguimiento a medidas de protección dictadas por la CIDH para las víctimas y a las recomendaciones de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Es también un acuerdo con los familiares de los desaparecidos y las autoridades que involucra a la PGR, pero también a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pero la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la PGR está sin dirección, aunque es un puesto clave para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque desde ahí salen las líneas de investigación del caso más importante en cuanto a derechos humanos y desaparición forzada.
México recibió diversas observaciones y recomendaciones de organismos locales e internacionales ante las fallas, omisiones y probable obstrucción de la justicia cometidas por la propia PGR.
Por estos errores salieron de la dependencia Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Desde el pasado 25 de octubre, Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, dejó el cargo tras la salida de Arely Gómez González, confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes de la PGR.
Hoy se cumplen 12 días sin subprocurador y a más de dos años de los hechos trágicos de Iguala, en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas, sólo hay evidencia de Alexander Mora Venancio, identificado por peritos argentinos a quienes les entregaron restos óseos, supuestamente hallados en una bolsa junto al río Cocula.
La principal demanda de los padres de los 43 es saber qué pasó con los normalistas y que se castigue a los culpables, pero al momento ninguna de estas demandas ha sido cumplida. Hay al menos 130 personas detenidas, relacionadas con el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos —supuestamente responsable—, pero aún no hay una sentencia condenatoria.
