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politica@eluniversal.com.mx
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue absuelto y por lo tanto no tendrá que pagarle al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz más de 520 millones de pesos más intereses que solicitaba por el concepto de un pagaré que presuntamente le firmó en 2003 la entonces dirigente nacional del sol azteca, Rosario Robles Berlanga.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de la Rioja declaró que el juicio interpuesto en contra del PRD ante un juzgado de la ciudad del Chamical, perteneciente a dicha provincia en Argentina, era improcedente y que correspondía a la justicia federal argentina dirimir ese asunto y no a un tribunal local.
Con este fallo, los recursos para esta demanda se agotaron tanto en México como en Argentina.
“De esta forma superamos un juicio que desde el principio estuvo plagado de irregularidades, pues resultaba ilógico que un juzgado local con sede en una ciudad inhóspita, ubicada a más de mil kilómetros de Buenos Aires, fuera el encargado de dictaminar un proceso que a todas luces correspondía a la justicia federal”, aseguró el diputado federal del PRD y abogado del partido que lleva este caso, Waldo Fernández.
Al preguntarle si este caso pudiera ser impugnado o que se volviera a presentar ante autoridades federales, dijo que esta demanda ya no puede ser impugnada y en todo caso, Ahumada tendría que interponer un nuevo recurso legal ante las autoridades federales de su país.
Sin embargo, informó que este asunto ya prescribió porque el “presunto” pagaré contiene fecha de pago del 1 de agosto de 2011 y su ejecutoriedad prescribe a los 3 años, es decir, prescribió en 2014 y a la fecha ya se tienen cinco años. “Al declararse la nulidad de todo lo actuado, la acción ejecutiva se encuentra legalmente prescrita, la acción de cobro subsiste hasta los 10 años, pero en todo caso tendría que acreditarse el origen del pagaré”, detalló el abogado del PRD.
“En todo caso nosotros confiamos en las instituciones y en el Estado de derecho argentino, pero estamos preparados para demostrar la inocencia de nuestro cliente y prestos a actuar para resarcir el daño”, describió el diputado federal originario de Monterrey.
“Con esto, el PRD no sólo libra la batalla legal en contra de las acciones emprendidas por el fideicomiso ligado a Carlos Ahumada, sino que ahora les tocará a ellos enfrentar las consecuencias legales que puedan deducirse bajo el rubro de daños y perjuicios ocasionados al partido”, expresó Waldo Fernández, quien encabeza el equipo jurídico del partido del sol azteca.
De esta forma, el PRD está cerca de cerrar uno de los episodios más controvertidos de su historia política y que amenazaba con minar sus finanzas y con ello su estabilidad institucional, detalló Fernández.
Antecedentes. EL UNIVERSAL publicó en agosto de 2014 que Carlos Ahumada transfirió al fideicomiso, llamado Justicia y Verdad en la ciudad del Chamical, en la provincia de La Rioja, Argentina, la propiedad de un título de crédito —pagaré— presuntamente firmado por la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, el 1 de agosto de 2003 y que ampara una deuda de 400 millones de pesos que deberían pagarse a Ahumada Kurtz en Argentina con fecha del 1 de agosto de 2011 y con un interés moratorio de 2% mensual.
Por esto, en julio de 2014, José Agustín Bocchi y Marcelo Alejandro Zalazar, como fiduciarios de este fideicomiso, formularon una demanda en contra del PRD en el Chamical, donde se elaboró una Carta Rogatoria —exhorto internacional— para que fuera despachada en la Ciudad de México.
Este documento fue turnado directamente para su diligencia ante las autoridades judiciales mexicanas invocando convenios internacionales.
El empresario argentino buscaba que ese presunto adeudo se le pagara con las prerrogativas que recibe anualmente el sol azteca a través del Instituto Nacional Electoral (INE), y el Juez Décimo Primero de Distrito giró un oficio al INE para ordenar que se procediera a retener sus prerrogativas por el total demandado.
No obstante, el pasado 15 de julio el PRD obtuvo un “amparo en definitiva” para dejar sin efectos el “cobro-embargo”.