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Desde llevar tamales a las comunidades más apartadas del pueblo mágico de Huamantla, hasta instalar lámparas led en los poblados que no cuentan con alumbrado público, eran algunas de las actividades que realizaba Dulce María Silva Hernández antes de caer presa acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La huamantleca es presidenta de la fundación que lleva su nombre, Dulce Silva, y entre su comunidad ha destacado como una joven empresaria que se dedicaba a recorrer los barrios de su municipio para conocer las problemáticas de los habitantes.
Además de su labor altruista era empresaria, su familia tiene la mayor empacadora de alimentos de la región. A pesar de ser reconocida en la localidad tlaxcalteca fue detenida el 10 de marzo por su relación con la familia Tiro Moranchel, que supuestamente le cedió derechos de un terreno adquirido con dinero proveniente de fraudes que tuvieron como víctimas a al menos a 150 familias.
Desde hace más de dos años era afín a Morena. El vocero de ese instituto político, César Yáñez, ha declarado ser su pareja sentimental y ha buscado sacarla de prisión desde el día en que cayó presa en Cholula, Puebla, para luego ser trasladada al reclusorio de San Miguel, en ese estado.
La empresaria de 38 años buscó ser candidata de Morena a la presidencia municipal de Huamantla en 2015. En una visita que realizó Andrés Manuel López Obrador al pueblo mágico, la joven lo recibió y reiteró el apoyo a Morena. En una reunión discreta, la huamantleca oficializó sus aspiraciones al presidente del partido.
Aunque Silva Hernández tenía el respaldo de empresarios del municipio y había armado un proyecto para apoyar a la población, a la que antes había ayudado a través de su fundación, Morena eligió como abanderada a Miriam Roldán, quien contendió en las elecciones de junio pasado y perdió frente al PRI.
Dulce Silva fue detenida en Tlaxcala y se encuentra recluida en Puebla por presunto fraude y operación con recursos de procedencia ilícita, ya que actuó para que Edmundo Tiro Moranchel, empresario que está en prisión desde 2010, se quedara con un terreno adquirido con recursos fraudulentos. Este delito puede alcanzar hasta 15 años de prisión.
