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Los proyectos para echar abajo las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz serán los primeros en el orden de discusión durante la sesión de hoy en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esas leyes fueron impugnadas por la Procuraduría General de la República (PGR), por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, y la atención prioritaria de los casos fue requerida por el entonces presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth; siendo ésta la primera vez que la Corte resuelve asuntos conforme a esta figura.
EL UNIVERSAL informó que los proyectos realizados por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Javier Laynez Potisek prevén dar la razón a los argumentos esgrimidos por la PGR, en el sentido de que los estados, al haber promulgado sus propias reformas anticorrupción, no pueden adelantarse a crear sistemas locales en la materia antes de la existencia de las leyes secundarias que terminen de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), previsto en la reforma constitucional de 2015.
Durante la sesión de hoy, las acciones de inconstitucionalidad 58/2016 contra la ley anticorrupción del estado de Chihuahua, gobernado por César Duarte, y la 56/2016, contra el sistema impulsado por el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, los ministros de la SCJN decidirán si votan a favor o en contra de invalidar ambas normas, al considerarlas violatorias de los artículos transitorios de la reforma constitucional de 2015 en materia de corrupción, por haberlas emitido con anterioridad a la emisión de todas las leyes secundarias del SNA y fijarán las bases nacionales para la creación de los sistemas locales en el tema.
En consecuencia, por el momento, ni los gobiernos de Javier y César Duarte, ni el de Roberto Borge, en Quintana Roo, cuya ley también fue impugnada, son competentes para emitir sus propias leyes anticorrupción y crear sus sistemas locales.
Las legislaturas locales deben esperar a que se aprueben y entren en vigor las leyes generales para poder emitir sus propias normativas en materia de responsabilidad de servidores públicos y anticorrupción, para que las homologuen y ajusten al sistema federal.
En el caso del gobierno de Javier Duarte, la PGR impugnó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Veracruz, en la que se creaba la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular duraría cinco años en el cargo; así como una nueva Sala Superior en temas de corrupción, en la que sus tres integrantes serían inamovibles por 10 años y la reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el estado, en la que se establecía que el informe de fiscalización de la cuenta pública fuera entregado antes de que deje el poder, lo que ocurrirá el 30 noviembre próximo. El gobierno de Veracruz argumentó que acatará la determinación de la Corte.
En el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, la PGR detectó “vicios legales” en las reformas del Congreso local, en las que creó la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la entidad, cuyo titular sería nombrado por el gobernador del estado.
Mientras que las leyes anticorrupción de Quintana Roo fueron impugnadas por la creación de la Fiscalía de Justicia, que estaría encabezada por Carlos Álvarez, a quien se le identifica como allegado al gobernador Borge Angulo, así como la designación de un cercano como auditor Superior del estado durante siete años.
Al anunciar la impugnación de la PGR, el gobierno de Quintana Roo solicitó dejar sin efectos los controversiales nombramientos y el asunto aún se encuentra en etapa de desahogo de pruebas y alegatos, en la ponencia de la ministra Norma Piña Hernández, puesto que aunque se dejen sin efecto los actos reclamados, la Corte deberá revisar si existió o no algún acto de aplicación diverso que deba declararse nulo, aunque la acción de inconstitucionalidad quede sin materia.
