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Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) ordenó al SNTE dar a conocer todos los pagos realizados con recursos públicos del 1 de enero 2013 a la 1 de agosto del 2016.
Ello, luego de que en sesión pública, el Inai revocó la respuesta que el SNTE dio a una solicitud de información al argumentar que esos datos no tiene el carácter de públicos porque no se encuentra relacionada con la recepción del ejercicio de recursos.
El comisionado ponente, Oscar Guerra Ford explicó que su ponencia consideró que fue “inadecuada” la respuesta del SNTE porque en su página de internet existe evidencia de que el Sindicato recibió en 2013, 200 millones de pesos, de los cuales 150 millones ya habían sido ejercidos para el 2014, para realizar acciones de difusión sobre los beneficios de la Reforma Educativa.
Explicó que en el caso de los sindicatos, como nuevo sujetos obligados de la Ley de Transparencia, deben informar no solo sobre los recursos públicos que reciben, sino cómo los ejercen o cómo los gastan.
En ese sentido y conforme al Estatuto General del SNTE, -dijo- el Sindicato cuenta con un área encargada de manejo y administración de esos recursos: el Colegiado Nacional de Administración y Finanza, que entre otras funciones, otorga recibos de los fondos que ingresen a Finanzas.
“Disponer de los recursos necesarios para cubrir los gastos que originan las actividades del Sindicato, efectuar pagos extraordinarios fuera del presupuesto anual de Ingresos y Egresos aprobado por el Consejo Nacional y autorizar el libro de registros del Movimiento de Fondos”.
Guerra comentó que en esos registros y que hace este Consejo, lo cual veo muy bien, se divide claramente cuáles son recursos públicos, cuánto es el monto de los mismos y en qué se usan y se erogan.
“También se da cuenta de los ingresos propios, autogenerados, cuotas sindicales que son propios del Sindicato y como ya lo hemos dicho aquí, esos no son parte del acceso público, sino de sus agremiados en términos de la Ley laboral”.
Por ello, la ponencia del comisionado Guerra propuso revocar la respuesta y ordenó al SNTE que entregue la información solicitada por el ciudadano.
Empero, sí dichos informes contienen registros de ingresos y erogaciones que hechas con recursos relacionados con cuotas sindicales, propios o autogenerados, el SNTE deberá realizar versiones públicas de los documentos testando las partes o secciones clasificas de estos recursos.
La comisionada Patricia Kurczyn destacó el tema sobre la solicitud es un ejemplo de la información que debe ser pública por parte del Sindicato, es decir, que deriva del uso y destino de recursos públicos que ese Sindicato reciba.
“Y que debe distinguirse de aquella información que se relaciona con recursos privados del Sindicato, y que en consecuencia, no debe ser pública”, comentó.
