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La bancada del PRD en el Senado presentó iniciativas para la eliminación del fuero constitucional y del juicio político, así como para incluir en la Carta Magna la revocación popular de mandato, y aseguró que con estos instrumentos de control la estabilidad del país de ninguna manera resultaría dañada.
El grupo perredista argumentó que la inmunidad del fuero “lleva años carcomiendo el régimen político”, y se ha convertido una manera de incentivar la corrupción política, en lugar de ser un medio legítimo que sirva para proteger a la función pública.
El senador Armando Ríos Píter declaró que los integrantes de su bancada solicitarán la próxima semana que les retiren el fuero y puedan ser procesados por delitos.
A favor de la revocación de mandato, señaló que “es un medio de democratización de la gobernanza, y constituye un mecanismo para dar consecuencia jurídica a la voluntad popular, que a falta de procedimientos de esta índole acude a medios más drásticos para hacerse oír, como es la experiencia de recientes ‘primaveras’ en el mundo”.
Las iniciativas fueron presentadas ante el pleno del Senado por el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, quien explicó que estos temas forman parte de la agenda legislativa del sol azteca, para completar la legislación en materia anticorrupción y atacar la impunidad que se registra en la política.
Barbosa explicó las reformas en materia de fuero, el cual “se ha convertido en un incentivo constante para la corrupción política, más que ser un medio legítimo para proteger a la función pública”.
Subrayó que el fuero es una fuente constante de impunidad, y constituye una violación al derecho fundamental de igualdad ante la ley.
Refirió una de las preguntas que se incluyen en la exposición de motivos de la reforma propuesta: “¿Por qué razón un servidor público que delinque va a gozar de privilegios que no amparen a quien no goce de esa calidad?”
La reforma abarca modificaciones a los artículos constitucionales 74,76, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 117 y 122, y pondrían fin a una figura que ha protegido a la clase política desde la posrevolución.
Respecto de la revocación popular de mandato, el PRD propone modificar los artículos constitucionales 35, 109, 116 y 122, e implantaría un instrumento mediante el cual los ciudadanos puedan manifestar su voluntad de dar por terminada la gestión de un servidor público.
La revocación de mandato ya se aplica en Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Cuba y Canadá, sin que “su incorporación haya cimbrado la estabilidad democrática de las instituciones ni ha paralizado la forma de decisiones públicas, que son temores inconfesables de muchos de los detractores de esta figura”, plantea la reforma propuesta por el PRD.
