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El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, resaltó que en lo que va de la presente administración se reportó la “creación histórica” de más de dos millones de empleos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, consideró que aún falta mucho por hacer en el sector laboral y señaló dos temas pendientes: el incremento al salario mínimo y la justicia laboral.
Al presentar los avances de la política laboral previo al Cuarto Informe de Gobierno, el titular de la STPS comentó que la cifra de generación de puestos de trabajo asegurados en el IMSS es la más alta desde que se tiene registro, ya que es cuatro veces lo reportado en la administración anterior en el mismo período.
Destacó que la tasa de informalidad laboral ha disminuido al pasar de 59.63% en el último trimestre de 2012 a 57.18% en el mismo periodo, pero de este año, lo que representa “la menor tasa trimestral desde 2005”. Esta disminución la atribuyó a las más de 72 mil visitas de inspección en materia de formalización del empleo.
El funcionario federal reconoció que los “retos son enormes” en la política laboral, entre los temas pendientes destacó el incremento al salario mínimo que se refleje en el bolsillo de los trabajadores.
“Vamos a seguir impulsando decididamente que haya un aumento significativo en el salario mínimo que no contamine los demás salarios contractuales que se rigen por sus propias reglas. Las condiciones económicas del país ameritan volvernos a sentar, a discutir, dialogar y acordar lo mejor que pueda hacerse para la clase trabajadora que se rige sobre todo por los salarios mínimos quitando y protegiendo los posibles efectos negativos”, expuso.
Apuntó que el incremento real del Salario Mínimo ha sido cercana al 5% en los tres primeros años de la administración, y para este año se espera una recuperación adicional de al menos 1% real, así “al cierre de 2016 la recuperación acumulada será cercana al 6%, la más elevada para un período igual en cinco sexenios”, dijo.
Navarrete Prida indicó que el otro tema pendiente es el de la justicia laboral, pues guarda una situación de “atraso”; detalló que el número de expedientes que en este momento tienen los trabajadores de la Junta de Conciliación y Arbitraje, alrededor de 200 para cada abogado, “hacen realmente imposible tener el principio constitucional de una justicia pronta y expedita”, ya que, en promedio, el tiempo de resolución de los asuntos es de tres años.
“No obstante los logros de nuestras Juntas de Conciliación y Arbitraje en nuestro país y que son muy importantes, la condición que enfrenta la justicia laboral junto con los tribunales agrarios es la de mayor atraso en México y no es responsabilidad estricta de la junta. La junta cuesta de presupuesto anual alrededor de mil millones de pesos, la junta recupera en beneficios de los trabajadores al año 37 mil millones de pesos al año”, afirmó.
