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La Procuraduría General de la República (PGR) presentó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn), acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz, informaron Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, y Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR en conferencia conjunta.
Con esta acción instruida por el Presidente Enrique Peña Nieto, se pretende que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, no puedan anticiparse para su beneficio en materia anticorrupción y tampoco nombrar a funcionarios para este fin. Ambos son de afiliación priista.
"Resulta conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los Congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho Sistema.
"Lo que en esencia se ha solicitado en las acciones de inconstitucionalidad, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias.
"Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República se encaminan a atender problemas muy concretos", afirmó el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval en el mensaje que fue dado a conocer en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Recordó que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción el cual conlleva la creación de Sistemas Locales que deben instituirse en cada entidad federativa del país.
Un Sistema Nacional Anticorrupción que permita abatir la corrupción, requiere homogeneidad, coordinación y un pulso adecuado. Por tanto, dicho Sistema Nacional, así como los Sistemas estatales, deben ser coherentes, ya que de otra forma la aspiración no podrá concretarse, agregó el mensaje.
El Congresos de los Estados de Veracruz y Quintana Roo, han aprobado diversas reformas y realizado diversos actos que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo, precisó en el mensaje.
