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El Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad.
Al emitir su posición respecto al informe de la organización Open Society Justice Initiative, el gobierno mexicano recordó que el país, por tradición, se ha comprometido con los derechos humanos y ha tenido liderazgo internacional en su defensa y promoción.
Hacia su interior, dijo, se ha reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara y durante la actual administración federal se han dado pasos importantes.
Por ejemplo, abundó, en materia de procuración de justicia y combate a la impunidad, entrará en vigor en todo el país el próximo 18 de junio el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con el cual se busca evitar que los delincuentes queden sin castigo.
En ese sentido, en enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), encargada de garantizar la representación y participación directa de los afectados y organizaciones de la sociedad civil, recordó.
El gobierno mexicano destacó que en el tema del combate a la tortura, en diciembre pasado el Ejecutivo presentó al Senado un proyecto de ley en la materia, y emitió el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, de aplicación en todo el país, y el establecimiento de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura dentro de la PGR.
Respecto a personas desaparecidas, destacó que el Presidente presentó en diciembre de 2015 una iniciativa de ley que presupone el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Señaló que las Fuerzas Armadas cuentan con protocolos y manuales para cumplir sus funciones, los cuales son acordes con los derechos humanos. Se destaca que, en caso de excesos, el Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.
