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maria.saldana@eluniversal.com.mx
El costo de la corrupción en México le representa a las empresas hasta 5% de sus ventas anuales, y en algunos sectores, como el de la construcción, llegan a significar hasta 20% de sus contratos, reconocieron representantes de cámaras nacionales del sector privado.
La corrupción es para algunos empresarios un impuesto, para otros un pasaporte o una llave, pero en todos los casos aseguran que es un ilícito que sirve para agilizar un servicio gubernamental, obtener un contrato o evitar un trámite que genera costos y que por ello debiera haber leyes para castigar esa práctica.
Este problema, que ya se colocó como el principal desafío del país, impide un mayor crecimiento económico, ya que ese ilícito suma entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto del país, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Sin embargo, hay sectores en los que los costos son mayores. Por ejemplo, se presentan casos graves en la industria de la construcción, en la que algunos funcionarios piden a las constructoras 10%, 15% o hasta 20% del contrato, explicó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Enrique Solana.
En el caso de los comercios, la mayor corrupción está en el gobierno municipal, en segundo lugar estarían los gobiernos estatales, mientras que las autoridades federales son las menos corruptas, dijo el líder del comercio organizado.
Pero, en todo momento se trata de un ilícito que se usa de pasaporte o de llave para evitar el pago de una multa o agilizar un trámite, algo que requiere dos acciones: por una parte realizar una simplificación administrativa, reducir las multas y, por otra cambiar la cultura que hay en el país en donde hay una persona que ofrece dinero y otra que lo recibe.
El grave problema, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, es que podría considerarse como un impuesto ilegal del que la población no obtiene beneficios. Además de que es la base de otros problemas, porque es inhibidor de inversiones y, a esto se le suma la fragilidad del Estado de derecho, lo que aleja a los inversionistas.
Por ello, debería haber un cambio de cultura, porque todos los mexicanos están acostumbrados a pagar por resolver los trámites burocráticos, coincidieron De Hoyos y Solana. Juan Pablo Castañón agregó que “con sentido de urgencia” deben aprobarse las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para acabar con la impunidad que impide el desarrollo del país, dijo el líder de la máxima cúpula empresarial.
Para lograr una verdadera lucha deben incluirse en el SNA “caminos para tener una Auditoría Superior de la Federación con atribuciones que le permitan intervenir en cualquier investigación en tiempo real; debemos reforzar la figura de la Secretaría de la Función Pública, los tribunales especializados y la Fiscalía especializada, realmente independiente y competente, que puedan investigar, llevar a juicio y lograr la sanción a los corruptos, sin los problemas de ser juez y parte”, agregó Castañón.
Desafortunadamente, dijo De Hoyos, los legisladores dejaron transcurrir todo un año para aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción, dejaron que venciera el plazo, y aunque acordaron que el lunes habría sesión de las comisiones conjuntas de Justicia, Estudios Legislativos y Participación Ciudadana, en realidad, no hubo sesión.
Esto muestra “el desprecio de los legisladores para adoptar los compromisos anticorrupción”, dijo el líder de los patrones del país.
El presidente del CCE aseveró que más allá de la retórica, los legisladores deben demostrar la determinación que tienen para transformar a México, “porque la corrupción genera un alto costo y no genera productividad, es un gasto extra que se debe hacer para lograr un objetivo de evitar multas, ganar licitaciones y esto debe desaparecer”.
Por eso lo que interesa es que los legisladores lleven a cabo su tarea y aprueben las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y ya luego verán las consecuencias jurídicas de no aprobar a tiempo las leyes.
