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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
Después de recibir la declaración por escrito de la diputada local de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que el juicio de procedencia o desafuero en contra de la legisladora es procedente, sin importar si la acusación que hace la Procuraduría General de la República (PGR) está basada en un delito grave o no.
Ramírez Nieto dijo que hay una conducta que se está investigando, con el fin de determinar si Sánchez López es susceptible de quitarle la inmunidad y puede, en consecuencia, el Ministerio Público ejercer la acción penal con total independencia.
“Es un requisito de procedibilidad quitar la inmunidad, para que el Ministerio Público pueda dar el siguiente paso, de lo contrario no se puede ejercitar la acción penal mientras esté dotada del fuero constitucional”, dijo.
Rechazó algún tinte político por el cual se le esté dando una celeridad especial al caso en el seno de la Sección Instructora, puesto que éste es el único proceso que les ha turnado la Secretaría General de la Cámara de Diputados. “Nosotros como Sección Instructora tenemos la obligación de hacer un estudio jurisdiccional objetivo y resolver lo que en derecho proceda”, aseguró Ramírez Nieto.
Por su parte, Rubén Tamayo, representante legal de Lucero Guadalupe Sánchez López, aseguró que su clienta presentó un escrito en el cual se declara inocente; argumentó que el delito por el que se le acusa, que es falsificación de documentos, no es grave y por lo tanto no tiene por qué validarse un juicio de procedencia o desafuero.
“Para poder realizar un juicio político o uno de procedencia tiene que haber bases para ello, el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos establece ciertos delitos por los cuales se puede hacer un juicio político y el que se refiere a este punto, el uso de documento falso, no se encuentra dentro de esas infracciones, esto quiere decir que en el concepto de esta defensa no procede el desafuero”, comentó.
Agregó que, desde su perspectiva, existen tintes políticos para desaforar a la legisladora local, debido a que hay otras solicitudes de juicio de procedencia, pero primero se le está dando rapidez a su expediente.
“El tinte político tal vez lo haya, sabemos por voces de varias personas que hay muchas solicitudes de juicio de desafuero antes que las de la diputada [300] y éste está siguiendo un paso muy acelerado”, señaló.
El representante legal de la diputada dijo que si es necesario, ella podría presentarse a declarar ante la Sección Instructora. Al preguntarle sí fue Sánchez López quien ingresó al penal de Almoloya con documentos falsos para visitar a Joaquín El Chapo Guzmán, comentó que no podía pronunciarse al respecto, debido a que el procedimiento está en una averiguación previa.
Plazos. Ricardo Ramírez Nieto adelantó que este fin de semana los integrantes de la Sección Instructora elaborarán el acuerdo correspondiente con el escrito que presentó Sánchez López, y se prevé que el lunes sesionen, a partir de ahí se abren 30 días de plazo para la presentación y el desahogo de pruebas.
Posteriormente, vienen tres días para que el MP defina su material probatorio y otros tres para la indiciada. Después hay otros seis días para alegatos finales y entonces la Sección Instructora estará en posibilidad de emitir su opinión a manera de dictamen, que se llevará al pleno. Al llevar el dictamen con el juicio de procedencia ante el pleno, la diputada tiene una última oportunidad de comparecer ante el Congreso para defenderse; dijo que lo podrían votar antes del 30 de abril, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones, o citarán a uno extraordinario.
