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El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), asegura que el órgano legislativo a su cargo, que analiza el proceso de desafuero en contra de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez —a quien se le vincula con Joaquín El Chapo Guzmán— no actuará bajo ningún tinte partidista, ni para sacar “raja” con fines electorales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, detalla que con la intención de que el desafuero no se empalme con los comicios que se celebrarán este año en 13 entidades federativas, confía en que la declaración de procedencia pueda quedar antes del 30 de abril, fecha en la que concluye el periodo ordinario; sin embargo, no descarta un extraordinario para avalar el dictamen.
Aclara que no puede hablar de delitos porque apenas están recibiendo la información sobre el caso.
¿En qué consiste el proceso de desafuero?
— La declaración de procedencia [desafuero] está directamente ligada a los ilícitos que pueden cometer los servidores públicos y que limita el artículo 111 de la Constitución. Su nombre oficial es declaración de procedencia, porque la Cámara de Diputados declara si la autoridad puede proceder o no penalmente en contra de uno de sus miembros, lo que lleva a que se queden sin la inmunidad que les otorga el artículo 61 constitucional.
La Sección Instructora es la que analiza la declaración de procedencia, en esta ocasión la componen cuatro legisladores: Juan Pablo Piña (PAN), Omar Ortega (PRD), Sandra Méndez (PRI) y un servidor.
¿Hay certeza de que el procedimiento de desafuero será apegado a la legalidad y no de uso político?
—Ese es el principal compromiso que hicimos cuando instalamos la Sección. Los cuatro que la integramos nos expresamos en ese sentido de total imparcialidad, desvinculada totalmente de cualquier tinte partidista o de que pudiéramos sacar raja con fines electorales.
¿Podemos decir que Sánchez será desaforada por cometer presuntamente un delito federal?
—Totalmente. No podemos decir que será desaforada por haber pertenecido al grupo parlamentario del PAN en Sinaloa. Será desaforada, si así se determina tras el análisis, con base en la conducta ilícita que haya desplegado.
Con la información que hasta ahora cuenta, ¿se puede decir que sí cometió presuntamente un delito?
—No puedo decir eso porque apenas voy a conocer el documento. Por la determinación que asumió la PGR de solicitar el desafuero, creo con certeza que integró una averiguación de la cual se desprendieron datos de presunta responsabilidad. En esos términos viene la petición, la revisaremos y emitiremos nuestra opinión.
¿Podrían pedir como prueba el video público donde aparece la legisladora portando una credencial falsa?
—Primero necesitamos analizar el material probatario que acompaña la averiguación, y en función de eso podremos solicitarlo.
De ser positivo el dictamen sería el octavo desafuero, ¿qué lectura le podemos dar a este hecho?
—Sería el primer desafuero a un diputado estatal. La información que tengo es que en los 99 años del régimen constitucional vigente en la Cámara de Diputados se han desarrollado siete procesos de declaración de procedencia.
¿Existe la posibilidad de que el dictamen sea negativo?
—Como en todos los asuntos, como en todas las sentencias. Aquí habrá un fallo a manera de dictamen.
¿Cuándo se tendría el dictamen?
—El plazo es de 60 días hábiles.
¿Podría estar antes o después del 30 de abril, fecha en la que concluye el periodo ordinario?
—Podría o no, eso no importa. Podríamos llamar a un periodo extraordinario para el caso, está abierta la posibilidad. Trataremos de sacarlo en tiempo.
¿Hay intención de que no se empate con las elecciones de este año?
—De eso se trata, para evitar cualquier circunstancia; pero si empatara, nosotros tenemos la obligación de hacer una resolución transparente y objetiva, porque está el compromiso hecho y jurídicamente así debe ser. No podemos andar en cuestiones de tintes partidistas ni electorales.
