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El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió su decisión sobre el caso de la activista Nestora Salgado, en la que concluyó que su detención fue arbitraria e ilegal y exigió su liberación inmediata, informó un representante legal de la activista.
Ricardo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos que forma parte de la defensa internacional de Salgado, confirmó la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, compuesto por cinco expertos independientes.
El grupo estudió el expediente y las pruebas ofrecidas por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, que representa a Salgado, quien fue detenida por fuerzas militares en agosto de 2013 mientras se desempeñaba como policía comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero.
El panel analizó las respuestas ofrecidas por el Estado mexicano y concluyó que la detención de Nestora Salgado fue ilegal y arbitraria, y su proceso injusto, por lo que exigió tanto su libertad inmediata como una “compensación apropiada” por las numerosas violaciones a sus derechos humanos.
“Nestora jamás contó ni cuenta con un debido proceso”, sostuvo Lagunes Gasca, y añadió que “México nunca la presumió inocente”.
Las violaciones. Consultado sobre la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU, Lagunes Gasca indicó que “lo señalado por los expertos independientes de Naciones Unidas deja muy claro que el gobierno mexicano ha violado los derechos humanos de Nestora Salgado”.
Añadió que esa violación se inició desde que la activista “fue detenida ilegalmente por el Ejército y posteriormente incomunicada sin haber sido presentada en ningún momento ante un juez que determinara la legalidad de su detención”.
Destacó que otro aspecto importante de la decisión para el proceso de Nestora “es que ante la gravedad del caso, el grupo de trabajo remite el expediente a los relatores de Naciones Unidas en materia de tortura y de protección a defensores de derechos humanos”.
“El gobierno mexicano debe ponerla en inmediata libertad”, declaró el abogado, quien funge como enlace en México de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle.
Lagunes dijo que el grupo de trabajo notificó su decisión tanto al gobierno mexicano como a los representantes de Salgado para los efectos jurídicos a los que haya lugar.
La activista fue recluida en agosto de 2013 acusada de varios secuestros mientras se desempeñaba como coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó en febrero del año pasado al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares para proteger su vida.
