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El pleno del Senado aprobó el acuerdo de reorganización administrativa con el cual la Cámara Alta asumirá el control de al menos 300 millones de pesos que manejaban los grupos parlamentarios vía comisiones y por compras de boletos de avión.
Antes de dicho acuerdo, los partidos y los legisladores manejaban de manera directa los recursos que eran entregados a las comisiones legislativas, los cuales representan una bolsa de aproximadamente 260 millones de pesos.
Ahora todos los recursos económicos que reciben los grupos parlamentarios para el apoyo del trabajo de las comisiones en el Senado serán suministrados directamente por la Dirección de Administración del Senado y no por las bancadas, como se hacía con anterioridad.
Se establecerá también la clasificación de Honorarios de Comisiones para la contratación de personal que estará al servicio de las comisiones.
Los recursos para esas contrataciones se restarán de la proporcionalidad de las asignaciones parlamentarias de cada grupo.
La comprobación de esos recursos se hará por medio de las coordinaciones administrativas que tendrán los cinco grupos parlamentarios en la Cámara Alta —PRI, PAN, PRD, PT y PVEM—; además, tanto las fracciones parlamentarias como los propios legisladores deberán llevar una contabilidad común.
Opacidad. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, consideró que el resultado de la Cuenta Pública 2014, en el cual el Senado de la República no comprobó mil 300 millones de pesos de asignaciones a los grupos parlamentarios, es por la opacidad con la que se manejaron los recursos de las bancadas hasta antes de las reformas a la Ley de Transparencia.
“Las asignaciones a los grupos parlamentarios no tenían reglas de transparencia, no obstante eso, cualquier ciudadano puede solicitar información sobre el manejo de cada senador, y sin embargo, existe una página de transparencia del Senado”, explicó el legislador por el sol azteca.
Barbosa Huerta agregó que a criterio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no hay formas contables suficientemente justificadoras, pero cada grupo y cada senador está obligado a informar.
Recordó que uno de los propósitos del acuerdo de reorganización administrativa es para dar cumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Transparencia. “Mi grupo parlamentario cumple desde septiembre de 2015 con todas las obligaciones de transparencia, así como con la propia ley. El modelo que hoy se aprobó fue el que presenté —como presidente del Senado—, pero en su momento los grupos no lo aprobaron”.
Antecedentes. Ayer, EL UNIVERSAL informó que la Cámara Alta se mantuvo en 2014 en la opacidad y no aportó a la ASF la información necesaria para justificar el uso de mil millones 307 mil 240 pesos dentro de la partida de asignaciones a grupos parlamentarios.
La ASF recomendó al Senado que realice las acciones necesarias para que se considere tanto en la Ley Orgánica del Congreso general, como en el manual de normas de la unidad de pago a senadores, presentar para su fiscalización superior la documentación que soporta el uso y aplicación de subvenciones registrados en la partida 39903.
En el caso de la Cámara de Diputados, la ASF registró mil 944 millones 420 mil pesos por concepto de subsidios y subvenciones, lo que representó 26.5% de su presupuesto; además de que se destinaron 125 millones de pesos a una subvención extraordinaria. Lo anterior implicó un pago de 250 mil pesos por legislador.
Estos recursos públicos otorgados a diputados federales no fueron debidamente sustentados, ya que no se contó con la información que permitiera evaluar el motivo del gasto o si se ejercieron en trabajos legislativos; “por lo anterior, persiste una limitada rendición de cuentas por concepto de subvenciones”, indicó la Auditoría Superior.
