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carina.garcia@eluniversal.com.mx
Al término del periodo de siete meses de prevención en el que estuvo el PT, el interventor Gerardo Sierra determinó que éste tiene saldos por pagar por 73 millones 716 mil pesos.
La mayor parte de ese saldo es producto de un crédito solicitado para financiar sus campañas federales, por 61 millones de pesos.
Resultado del proceso electoral, en el que al final obtuvo el registro, el PT adquirió además responsabilidades fiscales y laborales que ahora deberá saldar.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió de los interventores del PT y el Partido Humanista un informe sobre las actividades realizadas, en el que destaca que, en éste último caso, se han cerrado oficinas estatales, liquidado a 105 empleados de confianza y eventuales, pues está en curso el proceso de liquidación, aunque el aviso aún no se ha emitido.
En el caso del PT, en diciembre pasado se le impuso una multa por 10 millones 953 mil 686 pesos por anomalías halladas en los reportes de ingresos y egresos de 2014.
Además, por irregularidades en algunas entidades durante las precampañas y campañas 2015 se le multó por casi 8 millones de pesos. Estas sanciones deberá pagarlas ahora, pero con la salvedad de que ya cuenta con prerrogativas como partido político nacional y conservó el registro en algunos estados.
De acuerdo con el informe del interventor, el cálculo estimado de las contingencias fiscales generadas durante el periodo de prevención —que terminó el 17 de diciembre— asciende a 14 millones 768 mil 496 pesos.
Los saldos preliminares presentados por el interventor, a quien correspondió administrar recursos por 72 millones 724 mil pesos son: pasivos con los que el PT cerró el año 73 millones 716 mil 876 pesos.
Las obligaciones laborales que fueron contraídas por el PT durante los casi siete meses que duró la prevención sumaron 47 millones 90 mil 182 pesos.
Por lo que se refiere al Partido Humanista, ante la declaratoria de pérdida del registro del otrora PH, el periodo de prevención también inició en junio pasado, a cargo del interventor designado, Dionisio Ramos Zepeda y en breve será liquidado.
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