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Tras dos intentos fallidos para llegar a la cumbre de su carrera judicial, Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la undécima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sustituirá en el pleno del máximo tribunal a Olga Sánchez Cordero, con quien trabajó al inicio de su carrera como secretaria de Estudio y Cuenta.
Al comparecer ante el Senado de la República, mostró un perfil formalista para referirse a la interpretación del derecho, señalando que en éste “no hay valores absolutos”, pero también fue evasiva ante preguntas de casos concretos.
Aunque ante los senadores en 2012, cuando fue incluida por primera vez en una terna para formar parte del máximo tribunal, dijo: “Un ministro no debe actuar de manera formalista ni usar la ley como un escudo ante los riesgos de soluciones innovadoras, que sea capaz de innovar el derecho, lo que no significa apartarse del mismo, sino desarrollarlo cuando la protección de los derechos fundamentales así lo requieran”, explicó entonces.
Como magistrada federal, cargo que desempeñó durante 15 años, se pronunció en contra de que una autoridad administrativa desaplique normas que se pueden considerar inconstitucionales, con el argumento de que sólo los juzgadores, tanto locales como federales, tienen facultades para desaplicar una ley o reglamento que sea contrario a la Carta Magna.
La mayor parte de su carrera judicial se ha especializado en materia administrativa; cuenta con especialidades en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, cursó posgrados en la Universidad Panamericana y en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual obtuvo su maestría y doctorado.
Docente y con múltiples libros publicados, en 2014 vio frustrado su intento de convertirse en consejera de la Judicatura. Ya no importa, ahora es ministra. En 2012 dijo que el máximo tribunal debe frenar los “excesos” de las autoridades en cualquier nivel de gobierno. Como ministra de la Corte, ahora tendrá esa oportunidad.