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A pesar de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no siempre son populares ni bien recibidas, los ministros deben actuar con convicción, templanza y valentía, para defender los derechos humanos y consolidar el Estado democrático de derecho, advirtió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Al rendir su informe anual 2015, el presidente de la Primera Sala de la Corte enumeró diversas sentencias que dictó el máximo tribunal, que incluyen estándares más altos para castigar el delito de tortura y la exigencia de que se aplique el Protocolo de Estambul a procesados víctimas de tortura.

Gutiérrez consideró que el trabajo de los ministros debe servir como freno a las actuaciones irregulares de cualquier autoridad y propiciar que cumplan con sus obligaciones; destacó que la Constitución no sólo es un pacto político, sino un mandato para proteger los derechos humanos.

“Las decisiones que como ministros tomamos, con convicción y templanza, no siempre son populares ni bien recibidas. Ser ministro de esta Suprema Corte de Justicia implica asumir, con independencia y valentía, el compromiso de defender los derechos humanos y consolidar nuestra democracia. Esa es, ni más ni menos, nuestra obligación constitucional”, afirmó Gutiérrez Ortiz Mena.

Por ser una de las sentencias que más controversia ha generado en la opinión pública, el presidente de la Primera Sala se refirió, de forma directa, al amparo que concedieron a cuatro personas para que se les otorgue un permiso que les facilite el auto consumo de marihuana, desde la siembra del enervante, hasta la transportación y posesión del mismo.

Reiteró que si bien se reconoce una afectación a la salud de las personas consumidoras, por tratarse de una droga, se llegó a la conclusión que la prohibición absoluta para el consumo de marihuana no ha servido para desalentar el uso del enervante, por lo que se deben implementar medidas más idóneas que garanticen la prevención de adicciones y la alteración del orden público.

El ministro presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, reconoció que, pese a los avances en la materia, el máximo tribunal del país debe seguir consolidando el sistema que protege los derechos humanos, de modo que los fallos garanticen el acceso a la justicia de todos los ciudadanos.

Frente al pleno de la Corte, Pérez Dayán explicó que uno de los fallos más significativos que emitió la Segunda Sala es el que busca proteger el derecho a la salud a su más alto nivel, al otorgar un amparo a personas afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) para que el Estado mexicano analice la construcción o remodelación de un pabellón que permita una atención adecuada a los enfermos.

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