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El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), afirmó que están dadas las condiciones para aprobar la reforma política para el Distrito Federal, con la cual, la Ciudad de México se convertiría en el estado 32 de la República, con autonomía de gobierno y gestión, además de contar con su propia Constitución Política.
Afirmó que a semanas de que concluya el periodo ordinario —el próximo 15 de diciembre—, hay voluntad del gobierno federal, así como de todas las fuerzas en el Legislativo, para respaldar la iniciativa impulsada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Zambrano Grijalva sostuvo que el desahogo de la reforma, forma parte de los recientes acuerdos establecidos con esa soberanía, y es uno de los principales pendientes de la agenda del Congreso en el contexto de las reformas constitucionales pactadas en 2013.
Enfatizó la importancia de darle curso antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones para dar margen a que las autoridades locales hagan lo correspondiente en lo que toca a la conformación de la Asamblea Constituyente que establezca la primera Constitución de la ciudad de México, pues recordó que ello implica plazos definidos.
Recordó que la reforma señala que para tener una Asamblea Constituyente deberá estar integrada en proporción mayoritaria mediante el voto, el primer domingo de junio de 2016 y se instalará el 15 de septiembre del mismo año; mientras que la fecha para tener su primera Constitución Política es a más tardar el 31 de enero de 2017, de acuerdo con el dictamen enviado por el Senado de la República.
La minuta que se encuentra en la Cámara Baja desde el pasado 29 de abril, pretende cambiar el nombre Distrito Federal a Ciudad de México y se mantiene como capital del país; elimina la figura jurídica de “Delegaciones políticas” por “Demarcaciones territoriales” que serán encabezadas por un alcalde y contarán con un cabildo; desaparece la Asamblea Legislativa para dar paso a un Congreso local que poseerá facultades de aprobar o rechazar reformas constitucionales, como ocurre actualmente con el resto de los congresos estatales.
Además, los salarios no puedan ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general respecto de las entidades federativas; la Ciudad de México estará obligada a vigilar los recursos federales que se ejerzan o administran en las demarcaciones territoriales y el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.
Mientras que los nombramientos del Procurador General de Justicia y del titular de Seguridad Pública, recaerá en el jefe de Gobierno, y no en el Ejecutivo federal, como actualmente se encuentra estipulado.
