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El procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, confirmó que hay en proceso 28 órdenes de aprehensión en contra de docentes y normalistas de la entidad por transgresiones a la ley del fuero común.
Dijo que los delitos que se persiguen son robo en diversas modalidades: simple y de vehículos, y daños, entre otros que se han consumado en manifestaciones y bloqueos protagonizados por integrantes del sector magisterial y estudiantil.
El funcionario refirió que las demandas que sustentan las órdenes de aprehensión se integraron con investigaciones de la procuraduría y con declaraciones de los afectados que reconocieron a sus atacantes.
Godoy Castro explicó que en algunos casos, según el delito, las penas podrían variar de entre cuatro y ocho años de prisión. Advirtió que no revelará los puestos gremiales de los docentes, “ya que lo que se persigue es el delito, no el cargo”.
Informó que en algunos casos de normalistas, éstos se han presentado amparados ante la fiscalía, al ser una de las garantías que otorga el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. En el caso de los docentes, no se ha cumplido ninguna orden de aprehensión, señaló.
El gobernador Silvano Aureoles reiteró que respecto a los delitos del orden federal será la Policía Federal la que cumpla los mandatos judiciales en contra de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Ese es un tema que está trabajando exclusivamente la federación, no tengo más elementos, al contrario, estamos en la parte que nos toca, trabajando para que en la prórroga podamos alcanzar la meta de que todos los docentes seleccionados se evalúen”, dijo.
Reiteró que esta apertura a la evaluación docente debe estar en la conciencia de los profesores, ya que es lo más conveniente: “Si esto prospera, que se registren todos y que vayan”.
