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La definición de seguridad nacional en la ley de dicha materia, carece de la precisión necesaria para establecer límites claros al ejercicio del derecho a saber, afirmó la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Areli Cano.
“Eso hace posible una eventual interpretación discrecional de los sujetos obligados, incompatible con los principios que enmarcan el acceso a la información en México”, enfatizó.
Al participar en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial. El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta, organizado por el Poder Judicial de la Federación (PJF), sostuvo que el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional la define como “las acciones destinadas, de manera inmediata y directa, para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
“Dentro de las acciones que se encuentran en la ley mencionada, hay enunciaciones extensas y difusas, como la que refiere a ‘la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes’; o bien, la del ‘mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno’”, expuso.
Lo anterior, lamentó, ha derivado en que los sujetos obligados hayan pretendido clasificar información, tal como el número de quejas que se han registrado en contra de un servidor público de la Policía Federal (PF), por considerar que está relacionada con la seguridad nacional.
Rendición de cuentas. Durante el panel “Rol del Poder Judicial de la Federación ante escenarios impugnativos”, José Antonio Caballero, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que la definición de seguridad nacional se vincula con el concepto de rendición de cuentas del Estado.
“En ocasiones, los organismos encargados de realizar funciones de seguridad nacional defraudan la confianza que les es otorgada en los niveles de secreto que se les da para realizar sus funciones”, enfatizó el experto.
En su oportunidad, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) de la PGR, señaló que la autonomía de los órganos jurisdiccionales es fundamental para proteger un Estado democrático.
