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En ejercicio de una de las nuevas facultades del Congreso en la relación con el poder Ejecutivo, las bancadas en el Senado, con excepción del PT, formularon 38 preguntas parlamentarias sobre el Tercer Informe de Gobierno, en las que destacan los temas de Iguala, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el combate a la pobreza, la situación de la economía, así como resultados de las 13 reformas estructurales de los últimos tres años.
Un acuerdo previo de los coordinadores estableció el número de preguntas que podían presentar los grupos parlamentarios, y con base en ello, el documento que se envió al Ejecutivo contiene 16 cuestionamientos del PRI; 12, del PAN; siete del PRD y tres del PVEM.
El 23 de octubre se cumple el plazo de 15 días naturales de que dispone el Ejecutivo federal para dar la respuesta a las preguntas.
Los priistas preguntaron: “¿Cuáles son las medidas que realizará el gobierno de la república para fortalecer la Justicia cotidiana en el país?”
“¿Qué acciones se han emprendido en conjunto con la sociedad civil e iniciativa privada para combatir el hambre en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre?” “¿En qué consisten dichos contratos (de la ronda Uno)? “¿En qué consiste la política de incentivos a la productividad en el campo?”
“¿Cuáles son los avances que ha tenido el Estado mexicano para proteger a los menores y adolescentes mirantes no acompañados, que ingresan a Estados Unidos a través de la frontera Norte de México?”
Acción Nacional, sobre las acciones de seguridad pública: “¿Cómo se puede evaluar su impacto real en la disminución de la incidencia delictiva?” “¿Por qué los sistemas de inteligencia e intercambio de información no advirtieron sobre la evasión de Joaquín Guzmán Loera, y tampoco han arrojado información sobre los casos Tlatlaya e Iguala?” “¿Qué acciones concretas se han realizado para desarticular las capacidades financieras de los grupos de la delincuencia organizada?” “¿A qué cantidad ascienden los recursos incautados?”
“¿Por qué no se ha flexibilizado la reforma fiscal a favor de los empresarios y consumidores?” En la Ley de Ingresos de 2015, hay un concepto llamado “otros”, por 128 mil 917 millones de pesos, “¿A qué se refiere?” “¿A qué atribuye el gobierno federal el fracaso de la política social y de la cruzada nacional contra el hambre y qué medidas correctivas se implementarán para solucionarlo?”
El PRD preguntó que “ante el diagnóstico de grave crisis de derechos humanos realizado por la CIDH, ¿cuáles serán los cambios puntuales que emprenderá el gobierno federal en la estrategia de seguridad e impartición de justicia para dar un vuelco radical frente a los trágicos resultados en esta materia durante la presente administración?”
“¿Cuál es el diagnóstico de las debilidades estructurales del sistema penitenciario, las cuales permitieron la fuga de Joaquín Guzmán Loera?” “¿Existió la reunión entre los directivos de la empresa OHL y el secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, en abril pasado y, en su caso qué otros servidores públicos asistieron y que temas fueron tratados?”
“¿Cómo se integran, de manera detallada, los tres mil millones de dólares que se esperan recibir por los tres contratos adjudicados en la segunda licitación de la Ronda Uno?” “¿Qué medidas concretas se tomarán para que la administración de la deuda pública sea un mecanismo que propicie el crecimiento económico sostenido?”
“Remita una base de datos de los contratos con el sector privado bajo la figura de Asociación Pública Privada”. “¿A qué tasa de descuento se ofrecerán los bonos de infraestructura educativa, y cuáles serán las reglas de distribución en las entidades y qué pasará con los estados que no firmen los convenios?”
El PVEM preguntó: “¿Qué acciones se tienen contempladas para proteger el medio ambiente en los campos licitados en la Ronda Uno?” “¿Qué acciones ha realizado su gobierno para mejorar la infraestructura educativa?”, y “¿cuáles son algunos beneficios tangibles que ya se desprenden de cada una de las 13 reformas estructurales?”.
