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Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la procuradora General de la República, Arely Gómez, fue cuestionada principalmente por dos temas: la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La titular de la PGR aseguró que hay avances para desmantelar la estructura financiera y operativa de El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa; mientras que en el caso de la desaparición de los normalistas, Gómez González indicó que ya se encuentra en la segunda fase de la investigación, a cargo de la Subprocurasduría de Derechos Humanos, con servidores públicos altamente calificados.
“En el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera se ha avanzado en el desmantelamiento de su estructura financiera y de operación, la cual comprende inmuebles, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje”, enfatizó.
“Es necesario afectar las estructuras financieras de las corporaciones criminales; su capacidad económica les da también capacidad operativa y les permite corromper e incluso penetrar las organizaciones institucionales dedicadas a combatir el delito”, dijo.
Los diputados de oposición señalaron que los ciudadanos no perciben avances, por el contrario, desconfían de la PGR por casos como Tlatlaya, Iguala, Ecuandureo y la fuga de Guzmán Loera.
Legisladores dijeron que la dependencia está reprobada en las encuestas por su “pobre desempeño institucional”, dado que la perspectiva nacional permite observar que la violencia y la criminalidad mantienen un preocupante ascenso, particularmente en delitos como el homicidio doloso, secuestro y la desaparición forzada.
También destacaron que los derechos humanos están bajo amenaza permanente, resultado de la ausencia de la ley, sobre todo cuando se habla de tortura, vejaciones, violencia contra las mujeres, contra periodistas, homicidios, los cuales evidencia las deficiencias del sistema de procuración de justicia para conocer la verdad de hechos y de dar con los servidores públicos responsables de omisiones o delitos.
En su oportunidad, Arely Gómez sostuvo que, por convicción institucional y exigencia legal, se les arrebatará a las organizaciones criminales todo lo que han obtenido, producto de sus actividades ilícitas.
En cuanto al caso Iguala, comentó que el expediente ya pasó a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que encabeza Eber Betanzos.
“Las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas. Tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación”, explicó.
La funcionaria federal indicó que la peor pérdida es la de un hijo, por lo que recalcó estar comprometida tanto con el caso Ayotzinapa como con cualquier otro. Dijo que se incluyeron al expediente diversas observaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordó que se firmaron 10 puntos entre el GIEI y el Estado mexicano durante la Sesión de la CIDH, el pasado 20 de octubre. “El aspecto más importante de este acuerdo es el relanzamiento de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, mediante una estrategia basada en el uso de la tecnología y la ciencia; al mismo tiempo que se trabajará en la atención integral a las víctimas, lo cual incluye el acompañamiento en su búsqueda de justicia”, expuso.
