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Retirar a 291 maestros del servicio docente por no presentarse a la evaluación es una “medida muy enérgica” y abre la posibilidad para que la reforma educativa entre en un proceso incierto de “judicialización”, afirma Roberto Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El proceso que inició el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, “lleva la intención de mandar un mensaje, una especie de ultimátum para que los maestros se alineen a la reforma educativa”.
Se trata de “una medida al límite y corre el riesgo de quebrarse si miles de maestros no acuden al proceso de evaluación. El secretario está subiendo la apuesta de manera drástica, sólo que provocará que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entre de oficio a defender a los profesores a través de los amparos, y con ello la reforma concluirá en ámbitos como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Para el investigador, el futuro de la reforma educativa, por ese camino, “podría ser incierto”.
Mientras que para Ángel Díaz, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM, la SEP quiere responsabilizar de todas las fallas del sistema educativo a los maestros, cuando existen muchos otros factores que inciden en que los alumnos no aprendan. “Sería bueno preguntarles primero a esos docentes que darán de baja si recibieron la información a tiempo y si reunían todos los requisitos para el examen”, comenta.
Marisol Vázquez, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dice que el cese de maestros es un mensaje claro del secretario de que hay nuevas reglas en un sistema educativo que había sido laxo y corrupto, donde se podían negociar las faltas y los permisos.
Comenta que si bien la evaluación no lo es todo en la reforma educativa, sí es una parte importante para saber con qué maestros se cuenta y qué nivel educativo tienen. Señala que lo que se busca es que se respeten las reglas de la reforma educativa: “Si a esos maestros que van a sancionar se les previno y desafiaron a la autoridad, se debe aplicar la ley ”.
Para Manuel Gil Antón, de El Colegio de México, en lugar de sancionar las autoridades deberían aprovechar y acercarse a los maestros y preguntarles por qué no se presentaron a la prueba: si fue por desconocimiento, por miedo, rechazo o porque no están de acuerdo con la reforma educativa.
El experto asegura que el secretario no debe perder de vista que hay un sector de maestros que no tiene confianza en que la evaluación mejore la calidad educativa.
