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La 63 Legislatura del Congreso de la Unión inicia su primer periodo ordinario con un rezago importante de iniciativas y minutas que, por distintos motivos, los anteriores políticos no alcanzaron a procesar.
En abril, los integrantes de la 62 Legislatura dejaron pendientes 25 leyes y reformas relevantes entre las que destacan: el decálogo en materia de seguridad y justicia que envió el presidente Enrique Peña Nieto, que incluye la intervención de municipios en casos de infiltración del crimen organizado y un Mando Único de policía estatal.
Los senadores tendrían que procesar más de 70 nombramientos. Destaca que Olga Sánchez y Juan Silva Meza concluyen su periodo como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que iniciaron en 1995, y por ello el Senado deberá ratificar las propuestas que le envíe el Ejecutivo. También deberá nombrar a magistrados electorales de 15 estados donde habrá comicios en 2016 y 2017.
Los diputados también tienen por aprobar la reforma política del DF, que al final del periodo, aunque parecía planchada para ser aprobada, finalmente se quedó en comisiones. La creación de la Ley de Aguas, que fue frenada debido a que políticos de izquierda, así como académicos, acusaron que privatizaba el líquido.
También se les acaba el tiempo para avalar la norma secundaria en materia de anticorrupción. El pasado 18 de agosto, el Presidente envió al Congreso la ley secundaria para controlar la deuda de los estados y municipios, cuya reforma constitucional fue votada en el pasado periodo.
Además está pendiente en el Senado la designación del fiscal Anticorrupción, que es parte de la reforma constitucional que recientemente se aprobó. Así como las leyes Federales de Transparencia y Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y una Ley de Archivos.
En ese paquete deberán aprobar las normas que completan el Sistema Nacional de Transparencia.
Rezago senatorial. La Cámara Alta muestra un mayor estancamiento. Entre sus pendientes está la iniciativa para reformar la Ley General de Hidrocarburos, que castiga con penas más severas el robo de combustible, debido a que tanto los senadores como los diputados entraron en un diferendo que impidió acordar qué dictamen se aprobaría. También se quedó en comisiones del Senado, la reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular con lo cual se daría una solución a los ahorradores defraudados por la sociedad financiera de inversión popular Ficrea.
Se aplazó la discusión de la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que le da autonomía a ese organismo, así como la norma que transforma a la PGR en la Fiscalía General de la República, que fue aprobada por diputados.
En la “congeladora” legislativa también se quedó la minuta enviada por San Lázaro para la expedición de una nueva Ley de Juegos y Sorteos, pues de acuerdo con los legisladores no entró entre las prioridades definidas en abril.
Así como también la expedición de la Ley reglamentaria del artículo 33 de la Constitución referente al derecho de audiencia para extranjeros; la Ley General de Derecho de Réplica; norma que reforma la Propaganda Gubernamental; reformas en materia de Pensión Universal y Seguro de Desempleo, la eliminación del Fuero, entre otros. En este mes de septiembre, de manera paralela a la discusión del Paquete Económico, los senadores heredaron la minuta aprobada por San Lázaro de la Ley General de Obras Públicas y la de Minas que prohíbe los tiros verticales de minas.
San Lázaro, también con tarea. Pese a las 29 reformas constitucionales y las 43 leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, en el inicio de la legislatura que concluye en 2018 también tienen puntos trascendentes por avalar. Entre los pendientes sobresalen la reforma política del Distrito Federal, la Ley General de Aguas, modificaciones a la Ley de Consulta Popular y la aprobación de una nueva Ley General de Propaganda Gubernamental reglamentaria del artículo 134 constitucional.
Asimismo, entre la lista de dictámenes irresueltos, se pueden encontrar la reforma constitucional para modificar los requisitos de la Consulta Popular, el plebiscito y revocación del mandato, establecer horarios para los cuerpos de seguridad en el país, el Código de Ética de los diputados, la Ley para reconocer a los hijos fuera del matrimonio, y la norma secundaria que regula los salarios mínimos, a fin de que nadie gane más que el Presidente.
Prioridades. En agosto, todos los grupos parlamentarios en el Congreso se reunieron para acordar cuáles temas estarían en los primeros lugares dentro de su agenda legislativa.
Los senadores del PRI y PVEM definieron promover la creación de un mando único de seguridad en cada Estado y la intervención de la Federación en los municipios infiltrados por el crimen organizado.
La bancada del PAN en el Senado acordó impulsar los temas anticorrupción, fomento a la actividad económica, reducción de la pobreza, así como en materia de seguridad pública y justicia.
Los panistas en San Lázaro anunciaron que presentarán más de 40 iniciativas sobre diversos temas.
El PRD en San Lázaro inició con una iniciativa para que el Presidente de la República acuda a la Cámara Baja con motivo de su informe de gobierno.
