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carina.garcia@eluniversal.com.mx
Disminuir el monto de financiamiento a partidos, reducir los anuncios y descargar al Instituto Nacional Electoral (INE) de atribuciones en la indagatoria de quejas sobre propaganda política, fueron propuestos ayer como parte de los ejes de una nueva reforma electoral con vistas a 2018.
Los ex presidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde, consideraron indispensable esa nueva reforma electoral, tras la experiencia del proceso del 7 de junio.
En el Seminario Evaluación de las Elecciones 2015 y Reforma Electoral 2014: Diagnóstico y Propuestas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los especialistas analizaron lo que podría ser parte del “Libro Blanco” de las elecciones de junio pasado.
Woldenberg propuso modificar el modelo de comunicación política, que mantenga el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión para la propaganda de los partidos, pero que evite la catarata de spots vacíos de contenidos.
Así, planteó compactar los tiempos, crear programas unitarios de 5 minutos para “análisis más completos y planteamientos menos primitivos“, amén de propiciar debates entre candidatos.
Además, pidió quitar al INE las facultades de investigar presuntas violaciones a la ley en la propaganda electoral, vía procedimientos especiales sancionadores en los que actúa “como si fuese Ministerio Público” y dicta medidas cautelares, pero sólo lo pone en tensión con los partidos, pues es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que resuelve.
Ugalde y María Amparo Casar, especialista del Departamento de Estudios Políticos del CIDE, demandaron la reducción del costo del sistema electoral, que comprende los partidos, el INE, los Organismos Públicos Locales (OPL) y el TEPJF.
Casar propuso eliminar la “absurda” coexistencia del instituto y 32 órganos locales e, incluso, planteó que es hora de revisar la permanencia de los partidos como integrantes del Consejo General del INE.
Ugalde evidenció que de 2009 a 2015, el costo del sistema electoral aumentó 30%, e incluye un alza sin justificación de mil 500 millones de pesos en el financiamiento a los partidos en los estados, debido a que se homologó la fórmula para su cálculo al esquema federal.
Por eso demandó revisar el tema del financiamiento público, pues el mayor riesgo de la democracia “es el uso excesivo de dinero y la corrupción que genera”.
También pidió ajustar el costo de los OPL, su permanencia tras analizar si sirvió centralizar las elecciones para evitar la injerencia de los gobernadores, y criticó el modelo de fiscalización centralizada, a cargo del INE.
El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, planteó por su parte que sí deben discutir el financiamiento, pero “retirarlo por completo causaría un daño a la equidad” y crearía dependencia del dinero privado, con sus riesgos.
