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Washington.— Dos madres retenidas durante meses en los centros de detención para indocumentados exigieron ayer el cierre de estas instalaciones en un testimonio en el Congreso de Estados Unidos, donde denunciaron abusos de los guardias y falta de asistencia médica para sus hijos.
“Yo sólo pido que estas detenciones se cierren, que no sigan marcando las vidas de los niños. Ya es suficiente. Todos tenemos derecho a la libertad”, clamó Sonia Hernández, de origen salvadoreño, que permaneció varios meses interna junto a sus tres hijos en el centro para inmigrantes de Karnes City, en Texas.
Hernández ilustró las duras condiciones de los centros de detención, acompañada de influyentes congresistas demócratas, que también exigieron el cierre de estas instalaciones y entre los que se encontraban Lucille Roybal-Allard, Zoe Lofgren y Judy Chu, todas ellas legisladoras de California, así como Rubén Gallego y Raúl M. Grijalva, ambos representantes de Arizona.
“Entré al país con la ilusión de obtener refugio para mí y para mis tres hijos, que entonces tenían 2, 9 y 10 años”, relató Sonia Hernández, quien llegó a EU el 1 de agosto de 2014, cuando miles de personas, la mayoría de Centroamérica, protagonizaban una oleada migratoria al país para huir de la violencia y la pobreza.
Entonces, el presidente Barack Obama, que había cerrado los centros en 2009 tras su llegada al poder, decidió volver a abrirlos para disuadir de nuevas llegadas. En protesta, Hernández y otras madres del centro de Karnes City, realizaron dos huelgas de hambre y consiguieron abrir el debate, de forma que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomó medidas adicionales para garantizar el acceso a las instalaciones de abogados, trabajadores sociales, educadores y médicos.
“Un oficial me dijo que su perro comía mejor que nosotros. Cuando yo decía que quería salir, me decían que ni muerta iba a salir y que en el centro había espacio para enterrarnos a todos”, dijo Hernández en una sala abarrotada de miembros del Congreso y defensores de los derechos de los inmigrantes.
Los asistentes también escucharon el testimonio de Gladys Dubon-Chifas, quien estuvo en el centro de detención de Berks (Pennsylvania) y que, como Hernández, vio cómo sus pequeños se enfermaban supuestamente sin recibir una adecuada asistencia.
“Mi niña estuvo vomitando sangre durante días (...) Iba al médico y me decían que era normal, que la acostara y que le diera agua. Nunca me dieron ni una pastilla ni nada. Estaba jugando y, de repente, se ponía a vomitar sangre y yo no podía hacer nada”, relató.
A estos testimonios se sumó el de Olivia López, ex trabajadora social del centro de Karnes que en abril de 2015 dimitió al verse supuestamente obligada a no incluir cierta información en documentos oficiales, mentir a funcionarios federales de inmigración y omitir las quejas de algunos internos. EFE
