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El principal centro comercial de Caracas fue desalojado ayer después de que policías ingresaran en persecución de manifestantes opositores y lanzaran bombas lacrimógenas, informaron testigos.
Un total de 45 personas, incluidos 17 niños, recibieron atención médica de emergencia, señaló Ramón Muchacho, alcalde del municipio capitalino de Chacao, bastión opositor y zona donde está ubicado el recinto comercial.
Alejandra Vargas, una adolescente, y sus amigos se hallaban en el centro comercial Sambil para desconectarse un rato de la crisis política y escapar del caos de las calles, escenario de protestas desde hace tres meses que dejan 91 muertos en todo el país. Sin embargo, terminaron envueltos en una batalla campal.
“Vinimos a comernos un helado y ver una película y nos encontramos este desastre”, contó a la AFP Alejandra, con los ojos irritados por los gases. Cerca de ella, una mujer con un bebé en brazos salía escoltada por dos bomberos.
Cientos de opositores trancaban ayer calles en Caracas después de que una marcha hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fuera bloqueada por militares y policías, en la continuación de las manifestaciones que exigen la salida del presidente Nicolás Maduro. Un grupo se refugió en el Sambil —con 531 locales y perteneciente a la mayor cadena de centros comerciales de Venezuela— ante el avance de policías antidisturbios. “Nos hicieron retroceder y entramos, unos por el estacionamiento y otros por la puerta principal, pero nos persiguieron. La gente corría espantada”, relató a la AFP Rosa Rivas, de 43 años, quien participaba en la protesta junto con su hija de 15.
Cuando comenzaron los desórdenes, Andrés García, de 20 años, estaba en la tienda de zapatos donde trabaja. “Todo empezó de repente. Dos compañeras que estaban almorzando vinieron corriendo. Cerramos la santamaría [reja] y nos resguardamos en el depósito”, contó el vendedor.
Una hora y media después, el centro comercial fue desalojado por precaución. Hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles, ministerios y otros lugares públicos han sido alcanzados por los disturbios en estos tres meses de protestas.
El miércoles, supuestos grupos afines al gobierno irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional (AN) y atacaron a legisladores. El líder de la AN, el opositor Julio Borges, dijo ayer que los soldados que custodian la sede legislativa no protegieron a los diputados porque tenían órdenes precisas en ese sentido de parte del Ejecutivo.
Las expresiones de rechazo a estos hechos, que dejaron cinco diputados heridos, continuaron ayer, mientras el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó un encuentro extraordinario y urgente del consejo permanente para analizar la situación de Venezuela. Invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que permite solicitar una reunión del consejo en caso de una “alteración del orden constitucional” que afecte “gravemente” al “orden democrático” de un país miembro. En su misiva, Almagro pidió que esa reunión se realice lo antes posible, incluso hoy mismo.
En tanto, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, impidió el ingreso al Ministerio Público de la abogada chavista que la reemplazará si es destituida, en un nuevo desafío al gobierno de Maduro.
Katherine Haringhton llegó sorpresivamente a la sede de la fiscalía, en el centro de Caracas, pero tras esperar unos 20 minutos frente a los portones cerrados, decidió retirarse sin poder tomar posesión de su cargo como vicefiscal.
“Denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ [Tribunal Supremo de Justicia] de ingresar al MP”, aseguró Ortega, quien enfrenta un proceso judicial que podría llevar a su remoción en los próximos días y quien no reconoce el nombramiento de Haringhton.
“ Yo tengo una misión, he sido juramentada para cumplirla”, aseveró a su vez la vicefiscal.
