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Los legisladores de Estados Unidos han decidido en las últimas semanas acelerar de nuevo la presión a la Casa Blanca de Donald Trump para que cese en sus políticas antiinmigrantes. Sus esfuerzos más recientes se están concentrando en la defensa de los jóvenes dreamers quienes, desde la llegada del magnate al poder, no saben cuál es su futuro, ni si seguirán protegidos por el programa de Acción Diferida para Jóvenes Llegados en la Infancia (DACA) que evita su deportación.
El jueves, 42 senadores demócratas enviaron una carta a Trump para pedirle que use su poder y no acabe con DACA. Los legisladores se mostraron especialmente atemorizados por la cercanía del 5 de septiembre, fecha en la que 10 estados, liderados por Texas, planean denunciar a Trump ante los tribunales si no rescinde el programa.
“Irónicamente, estos estados nunca enjuiciaron a [Barack] Obama”, destacan los senadores. El ex presidente fue quien impulsó DACA, en uno de sus legados que siguen más vivos tras más de seis meses de presidencia de Trump.
En su carta advierten que, si la denuncia triunfa en los tribunales, significará “socavar su habilidad para fijar la política migratoria”, por no hablar del “riesgo inminente de deportación” para miles de jóvenes.
Los mensajes que llegan desde la Casa Blanca en este ámbito son confusos y se contradicen, algo que los legisladores quisieron poner de manifiesto como demostración del sufrimiento que están padeciendo los dreamers, incapaces de discernir su situación real tras la llegada al poder de Trump.
Mientras Trump prometió una solución “con corazón” —algo que los senadores progresistas reconocieron, a la vez que agradecieron que no haya hecho ningún cambio al programa—, el fiscal general, Jeff Sessions, dijo hace tres meses que “no se podía prometer a aquellos que están de forma ilegal que no vayan a ser deportados”, incluyendo de forma implícita también a los que están protegidos por DACA.
El desafío de los estados conservadores, sin embargo, es lo que más les preocupa. “Urgimos que responda a esta amenaza a su autoridad ejecutiva y ordene al fiscal general que use todas las opciones legales para defender el DACA y así permitir a una generación de jóvenes inmigrantes con gran potencial seguir contribuyendo a nuestra sociedad y economía”, concluyen.
Por otra parte, las congresistas Lucille Roybal-Allard (demócrata de California) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana de Florida) introdujeron en la Cámara de Representantes la nueva versión de la DREAM Act que se presentó la semana pasada en el Senado, convirtiendo esta propuesta de ley de protección a los indocumentados en un texto no sólo bipartidista, sino bicameral.
La DREAM Act, que se presenta regularmente en el Congreso de EU desde hace 16 años, promueve una ley que daría a ciertos jóvenes indocumentados la tranquilidad de estar protegidos de forma permanente de la deportación por ley —y no decreto, como ahora—, e incluso marca un posible camino a la residencia e incluso la ciudadanía.
Hoy el congresista demócrata Luis Gutiérrez presentará su propuesta de protección a jóvenes indocumentados, que bautizó “American Hope” (esperanza estadounidense). “Esta ley proveerá una solución legislativa permanente al estado migratorio de más de 800 mil jóvenes enrolados en DACA y pondrá a otros miles en el camino para ganar la residencia legal permanente y una eventual ciudadanía si cumplen ciertos requisitos”, destacó el equipo de Gutiérrez.
